El Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, reveló que en ninguna de las dos instancias del juicio por los terrenos del Parque Metropolitano fueron presentados por la administración pasada los documentos que prueban el pago que se hizo por esos predios hace varios años a un particular, cuando pudo haber sido un elemento a favor del municipio.
El funcionario mencionó que la información con la que se cuenta es que en 1956 cuando se iba a construir la presa la Secretaría de Recursos Hidraúlicos, el propio ayuntamiento, el gobierno del estado, y lo que era la junta federal de Agua Potable la junta le pagó en parcialidades al señor José de Jesús Ramírez Ramírez alrededor de 286 mil pesos, por concepto de indemnización de la presa, pero todo parece indicar que esos documentos no fueron utilizados en la defensa y ahora ya no hay nada que hacer.
“Los términos legales ya concluyeron y en la defensa que se hizo en primera y segunda instancia estos documentos no fueron presentados, entonces ya al haber recibidos nosotros un proceso jurídico terminado y en ejecución no había la posibilidad de presentar estos documentos, en este momento ya no los podemos utilizar porque son asuntos concluidos”
Reconoció que el particular Oscar Ramírez ya ha manifestado su intención de entablar otras demandas por otra superficie que aún no les han sido especificadas y si esto incluye una parte del vaso de la presa, pues habrá que dárselo a conocer a CONAGUA para que intervenga.
Por su parte al respecto el alcalde de León Héctor López Santillana manifestó que las pretensiones del señor (Oscar Ramírez) en relación a las posibilidades de una permuta están muy excedidas y si bien hasta el momento no han sido notificados de ningún nuevo procedimiento, se hará lo necesario para defender el patrimonio de los leoneses.
Añadió que si se defendió o no adecuadamente en el litigio de los predios que ahora se perdieron en el parque, es un juicio que deberá hacerse con mucha determinación pues recordó que ya hay un exhorto del ayuntamiento en el sentido de hacer una investigación de carácter jurídico para determinar si hay o no responsabilidades de quienes tuvieron bajo sus manos la encomienda de defender el patrimonio en ese litigio.
