El extesorero municipal Roberto Pesquera fue beneficiado con la suspensión provisional de la orden de aprehensión con que lo reclama el Juzgado Cuarto de lo Penal en León por el delito de peculado, pero no ha cumplido las condiciones que le impuso el juez de Distrito y podría de todas formas ser detenido.
Ex tesorero en la administración municipal de Barbara Botello e imputado ahora del delito de peculado por 262 mil pesos cometido contra el erario leonés, Roberto Pesquera permanece prófugo de la justicia al igual que Enrique Dueñas, ex funcionario de la misma administración y acusado del mismo delito.
Se habrían apoderado de bienes propiedad del erario leonés por esa cantidad cuando eran funcionarios, según la acusación que les ha formulado el Ministerio Público del fuero común.
Pesquera y Dueñas son buscados hace más de una semana con orden de aprehensión girada por el Juzgado Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de León, pero ninguno había sido detenido hasta este lunes.
Pero Roberto Pesquera demandó un amparo federal contra la orden de aprehensión, expedida por dicho juzgado y contra la ejecución de la misma por parte de la Procuraduría General de Justicia, y obtuvo así de un juez de Distrito la Suspensión provisional de la orden de aprehensión.
Sin embargo, la concesión que le hace en ese sentido la autoridad judicial federal está sujeta a condiciones, de las que, depositar la fianza que le fue impuesta y comparecer a declarar ante el juez que lo reclama.
Eso es lo que no ha cumplido Roberto Pesquera, y no hacerlo dentro del termino legal, deja sin efecto la suspensión provisional y lo deja de nuevo a expensas de que lo detengan las autoridades ministeriales y lo encarcelen a disposición del Juzgado de partido que lo reclama.
Lo que Pesquera está evitando con ese proceder es una captura por delito grave, como es la imputación del peculado que hace la Procuraduría en su contra.
Ser capturado y encarcelado bajo ese cargo implica quedar en prisión al menos durante todo el proceso en su contra y, eventualmente, el tiempo que se llegase a añadir si es declarado culpable y condenado a prisión.
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