Dos personajes foráneos y una mujer que trabaja en el gobierno estatal integran la terna de aspirantes que propuso el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para la designación de la persona titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
La propuesta fue radicada en la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado al tiempo que se acordó la metodología de análisis que consiste en circular la propuesta de terna a los 36 diputados; generar la liga en el portal de internet del Congreso del Estado para efectos de publicidad.
La presidenta de la comisión, Libia Denisse García Muñoz Ledo destacó que 2 de las 3 propuestas fueron hechas por colectivos de familiares de personas desaparecidas.
“Recordar un dato que me parece relevante: de las tres propuestas por lo menos en dos de los casos, las propuestas emanan precisamente de las familias y de entrada tenemos esa validación que quien los está proponiendo pues traen el expertise y la cercanía con las propias familias”.
La terna está integrada por Sergio Jaime Rochín, Delfino Peralta y Martha Georgina Cuéllar. Rochín fue hasta hace un año, comisionado de Atención a Víctimas en la ciudad de México y Peralta es o era director de Derechos Humanos en la Fiscalía de Oaxaca.
Cuéllar, además de ser la única mujer, es la única en la terna de origen guanajuatense, trabaja actualmente en la Secretaría de Gobierno, antes estuvo en la dirección del Registro Civil y con antelación, en el Poder Judicial.
La metodología de análisis de la terna incluye el establecimiento de un micrositio, la comunicación institucional para recabar la opinión de los colectivos de familiares de víctimas de personas desaparecidas registrados ante el Congreso del Estado y al final, la elaboración de una tarjeta jurídica del cumplimiento de los requisitos de quienes integran la terna.
Durante, la sesión también se aprobó el dictamen de una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato que permitirá que el Poder Judicial inicie con la publicación de versiones públicas de las sentencias emitidas a los 80 días posteriores de la entrada en vigor del decreto.
Además, establece que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración deberá realizar las adecuaciones presupuestales para garantizar una partida en el presupuesto general de egresos del estado.
