Antes de que concluya este mes, las comisiones unidas de Justicia y Gobernación y Puntos Constitucionales podrían definir la terna de los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción en el Estado dijo ayer la diputada panista Libia Denisse García Muñoz Ledo.
La legisladora presidenta de la comisión de Gobernación dijo que el próximo 16 de noviembre, 2 días después de la nueva comparecencia de los candidatos, podrían comenzar las deliberaciones sobre los aspirantes.
El próximo martes estarán de nueva cuenta, aquí los candidatos, estaremos haciéndoles cuestionamientos sobre el ensayo que están realizando y nos estarán presentando su declaración de conflicto de intereses y una vez que esto termine, estaremos planteando una fecha tentativa del día 16 para poder empezar a deliberar como comisiones unidas para la terna. Insisto esta fecha es tentativa, pero estamos pensando que sea en este mismo mes de noviembre que estemos proponiendo una terna al pleno”
Los 12 aspirantes a ocupar el cargo respondieron a tres preguntas comunes: ¿qué mecanismo propondría para evaluar el impacto de los resultados al frente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción?; para usted, ¿la investigación periodística es suficiente para iniciar una investigación por presunta corrupción?, y ¿qué acciones específicas deberá tomar en consideración el Fiscal para soportar la presión de los diferentes actores políticos, para mantener certidumbre en sus actuaciones, y evitar con ello la impunidad o la parcialidad?
Una vez respondidos los cuestionamientos, los diputados participantes en esta sesión de trabajo formularon preguntas como los nuevos tipos penales que se deberían legislar, y las primeras acciones que realizarían al ser electos para el cargo; también debieron entregar un ensayo – para el cual se les otorgó un plazo de dos horas y media – , en temas como la participación ciudadana como correctivo a las deficiencias de la democracia representativa e instrumento para enfrentar la corrupción; los órganos internos de control y órganos constitucionales autónomos como elementos clave en la lucha contra la corrupción, y la corrupción enfrentada con instrumentos técnicos y prácticos más allá del formalismo jurídico de las normas e instituciones vigentes.
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