Guanajuato.- Con la oposición de la bancada de Morena, las fracciones de PAN, PRI, Verde y MC en el Congreso local, aprobaron la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma a la Ley General de Comunicación Social que establece un tope del 0.1% del presupuesto de los entes públicos destinados a ese fin.
Con 27 votos a favor de las fracciones antes mencionadas y 8 en contra de los morenistas, se aprobó la propuesta presentada por el coordinador de la mayoría panista, Luis Ernesto Ayala, tras la expedición de las Leyes Generales de Comunicación Social publicado en el Diario Oficial.
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En concreto, la propuesta aprobada por mayoría en el legislativo guanajuatense va en contra de la disposición contenida en el llamado ‘Plan B’ electoral de la 4T que establece que ningún nivel de gobierno: municipal, estatal o federal debe destinar más del 0.1% de sus presupuestos a gastos de publicidad.
El diputado local panista Armando Rangel Hernández argumentó que estaba claro en qué sí puede intervenir el Congreso de la Unión, pero que en ninguna refería la potestad para interferir en los presupuestos de los estados.
“Es muy claro que el párrafo que estamos contraviniendo violenta la constitución y violenta la constitución política del estado. Este párrafo, como bien se señaló, expresa que los presupuestos deberán homologarse a los criterios cuantitativos que se señala a nivel federal. Sin embargo, se omite decir que no tiene facultades el congreso de la unión para hacer tal cosa”, señaló el diputado Armando.
En su intervención, el diputado Prieto Gallardo señaló que la afirmación de que se concretó una intromisión del legislador federal era falsa.
Expuso que la reforma postulaba como propósito en política y campañas electorales menos dinero, más sociedad, por lo que sí existía disposición constitucional que expresamente señala y reconoce la libertad configurativa del Congreso de la Unión para establecer límite al gasto en comunicación social.
“En este sentido, lo que hace la reforma a la ley de comunicación social es atender el mandato constitucional para el efecto de que se establezcan topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio en el gasto de comunicación social y por lo anterior consideramos que la controversia constitucional que se plantea y pretende interponerse está condenada al fracaso”, advirtió Prieto Gallardo.
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En otra intervención, el diputado Prieto se refirió a los periodistas de Guanajuato como ‘chayoteros’ frente a lo cual, el diputado Rangel ofreció una disculpa y cuestionó la forma en que Morena abordaba ese tema.
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