Por unanimidad, el Pleno del Congreso la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad del Estado para limitar las medidas de seguridad y protección que se brindan a funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales.
El cambio contempla que el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y el Secretario de Seguridad, así como los presidentes y los funcionarios municipales (que ejerzan de manera directa las funciones operativas de seguridad pública) contarán con protección y seguridad personal durante el tiempo de su encargo o al gozar de licencia; los funcionarios estatales por un periodo de tres años y los municipales por un año al cesar sus funciones, en ningún caso se podrá superar estos plazos,
Isidoro Bazaldúa, coordinador de la bancada del PRD e impulsor original de la propuesta celebró el acuerdo pues dijo, es un exceso que en muchas ocasiones se desvían recursos humanos, materiales y económicos para proteger a servidores públicos que por la naturaleza de sus funciones no deberían contar con esa prerrogativa con el agravante de que los elementos de seguridad que se les asignan pertenecen a grupos de élite.
Actualmente hay funcionarios o ex funcionarios que hacen válido ese derecho, que tienen y se van con sus escoltas a vivir a otros estados, a otros entes del país, Baja California, Distrito Federal, y se van y se llevan los vehículos, las armas. El Estado, el municipio es responsable de pagar esta erogación”
Por su parte, el panista Juan Carlos Muñoz dijo que con esta reforma se limita la irresponsabilidad y el abuso de confianza de algunos funcionarios y exfuncionarios.
Tendremos que limitar a que los servidores públicos puedan utilizar la seguridad de la ciudadanía en beneficio de ellos, o de sus familias o de su esposa o hijos, nos vamos al extranjero o a otro puesto de elección y nos llevamos con cargo al erario, nos pagan gasolina y nos pagan viáticos, y en el DF hacemos alarde de lo que traemos atrás y todavía tenemos la desfachatez de tener otros 4 o 5 más, yo creo que no se vale”
Ninguno de los 2 legisladores citó nombres de quienes cometen esos excesos ni se ofrecieron cifras de los elementos que actualmente se encuentran asignados en los Municipios a la protección de ex funcionarios.
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