El presidente del Consejo Directivo del SAPAL, Jorge Ramírez Hernández, aseguró que se les ha dado toda la indemnización económica posible a los deudos de los cinco trabajadores que murieron en la planta de tratamiento de aguas residuales, y descartó que estos no hayan contado con condiciones laborales dignas.
Lo anterior, luego de aclarar que todavía no había sido notificado por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) sobre la resolución de recomendación emitida sobre el incidente ocurrido en noviembre del año pasado.
Sin embargo, adelantó que las aceptará e incluso afirmó que ya se ha cumplido con ellas antes de que la oficina del ombudsperson las diera a conocer.
Ramírez Hernández subrayó que no hay indemnización alguna que compense la pérdida de vidas, pero resaltó que a los familiares de los trabajadores se les ha apoyado con los gastos funerarios, atención psicológica, tanatológica y trabajadores sociales de la paramunicipal han estado atentos de las necesidades que puedan tener.
Asimismo, indicó que el consejo del SAPAL autorizó darles una compensación adicional equivalente a tres meses de su sueldo, además de que todos los empleados del organismo operador del agua cuentan con un seguro de vida correspondiente a 48 meses de su ingreso, prestación que, subrayó, prácticamente nadie tiene en la iniciativa privada e incluso en la administración pública.
Explicó que hasta ahora las familias de dos de los trabajadores fallecidos aceptaron lo ofrecido por SAPAL, mientras que con los deudos de los otros tres no se ha llegado a un acuerdo, aunque afirmó que la paramunicipal ha ofrecido todo lo que la ley les permite.
“Dos de las familias de los trabajadores ya se finiquitaron, tres de ellas no han llegado a un acuerdo, pero porque no han querido; ellos tienen total derecho de hacer reclamaciones en los tribunales y así lo han hecho, nosotros somos respetuosos de los procesos y si un juez nos indica que hay que compensarlos de una manera diferente o agregar algo fuera de lo que marca la ley, estaremos atentos a hacer, pero no podemos hacerlo si no hay una autoridad superior que nos lo indique, pues si no estaríamos cayendo en una ilegalidad”, dijo.
Asimismo, dijo no compartir lo dicho por la Prodheg en relación a que los empleados que murieron no contaban con el equipamiento necesario para trabajar en la planta de tratamiento, o que esta no tuviera las medidas necesarias de seguridad.
Incluso señaló que luego de inspeccionar la planta, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinó que cumplía con la normatividad en materia de seguridad y muestra de ello es que no la clausuró.
Jorge Ramírez apuntó que otra de las medidas que se han tomado para evitar que se repita un incidente similar es el implementar un programa de regulación ecológica para tener un control más estricto con las descargas de las industrias con la colocación de medidores en sus instalaciones.
