Elementos de la fuerza pública desalojaron esta mañana a los transportistas que desde hace una semana bloqueaban los accesos a la mina Peñasquito, ubicada en Mazapil y propiedad de Goldcorp.
El gobernador Alejandro Tello confirmó el desalojo que comenzó a las 8:00 horas de hoy, medida que se lleva a cabo luego de que la tarde del lunes la minera canadiense anunció el cierre temporal controlado de sus actividades y la suspensión de los programas de inversión.
En entrevista con medios locales, el mandatario estatal aseguró que el desalojo se lleva a cabo de manera pacífica y con respeto a los derechos humanos.
Aclaró que no se permitirán chantajes y que se hará respetar el estado de Derecho, porque “no estoy dispuesto a ser rehén de caprichos de gente que durante años se ha enriquecido con la necesidad de la gente”.
Además, anunció que se investigará a los liderazgos que están atrás de la movilización de ejidatarios.
Por su parte, la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres, también en entrevista, señaló que en el desalojo de esta mañana participaron elementos de la Policía Federal y Tránsito del estado.
El objetivo es liberar los acceso a la mina para garantizar la seguridad de mil 500 trabajadores que se encuentran dentro y que desde hace una semana no reciben suministros, además de que los transportistas ayer impidieron que se realizara una entrega.
Torres enfatizó que la acción de desalojo se llevó a cabo como resultado de una orden de desalojo y no de aprehensión, ya que se trata de un bloqueo ilegal.
Aclaró que durante toda la semana se buscó establecer una mesa de diálogo con ejidatarios y transportistas, que no se pudo concretar, por lo que hoy desde las 6:00 horas la fuerza pública se trasladó al lugar y a las 8:00 comenzaron las acciones.
Este lunes Michael Harvey, director de Asuntos Corporativos y Seguridad para Latinoamérica de la Goldcorp, anunció el cierre temporal de actividades, lo que implica la suspensión de programas de inversión y colaboración social con las comunidades.
Asimismo, resaltó la pérdida diaria de tres millones de dólares, desde el pasado 26 de septiembre, fecha en que inició el bloqueo, con el argumento de incumplimiento por parte de la minera de acuerdos con los ejidatarios y la no contratación de los camioneros locales.
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