Blindan con decreto derecho de vía del Eje Metropolitano

Nadie podrá colocar comercios, espectaculares ni edificar obras en el derecho de vía del Eje Metropolitano, el cual ahora está protegido mediante un decreto firmado por el gobernador Miguel Márquez el pasado 16 de julio, y publicado este viernes en el Periódico Oficial del Gobierno del estado.

El derecho de vía es la franja de terreno, de anchura variable, donde la vialidad se encuentra alojada, en este caso, el Eje Metropolitano.

En el documento se detalla que el Eje mide 28.7 kilómetros, y parte del entronque con bulevar Delta, en León, hasta el kilómetro 5-640 de la carretera Silao-San Felipe, por donde circulan cerca de 100 mil automovilistas diariamente.

Además, señala que debido a la importancia de esta obra, y por ser de orden público e interés social, es necesaria su protección y conservación, para aprovechar al máximo su capacidad y aforo.

Con base en lo anterior, prohíbe la instalación de comercios fijos, semifijos o ambulantes, en el derecho de vía, el uso del terreno para siembra o cultivo, la construcción o instalación de cualquier obra que atente contra el paisaje o las condiciones del medio ambiente, incluidos espectaculares, a menos que la Secretaría de Obra Pública emita el permiso correspondiente.

“Para el otorgamiento de los permisos, licencias o autorizaciones en materia de construcción, alineamientos y uso de suelo en las zonas aledañas al derecho de vía, los ayuntamientos se coordinarán con la Secretaría de Obra Pública, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía y las demás autoridades estatales competentes”, reza el decreto.

“Los titulares de derechos reales sobre los predios que sean atravesados, o que tengan frente al Eje Metropolitano, están obligados a cercarlos en la parte que limita con el derecho de vía”, agrega.

Si alguna obra llega a infringir este decreto, será objeto de suspensión, y en su caso, demolición; mientras que los responsables se harán acreedores a las sanciones penales, civiles y administrativas, correspondientes.