Es una supuesta disposición ilegal de bienes públicos municipales de León por un total de 262 mil pesos los que imputan como materia del delito de peculado al ex tesorero municipal Roberto Pesquera, quien efectivamente interpuso una demanda de amparo contra la orden de aprehensión girada en su contra pero aparentemente las autoridades del fuero común todavía no eran notificadas este miércoles por las federales.
El pasado lunes, el equipo de abogados de Roberto Pesquera interpuso la demanda de amparo ante un Juzgado de Distrito, pero hasta este miércoles las autoridades reclamadas en dicha demanda no habrían sido notificadas por la autoridad federal y requeridas del informe sobre el acto reclamado por el quejoso, Pesquera.
El ex funcionario de la administración municipal de Bárbara Botello es representado por un equipo de abogados del Distrito Federal y es representado en León para el trámite de la demanda de amparo, por un abogado leonés.
Ninguna de las partes ha hecho declaraciones públicas sobre el caso, salvo la confirmación de las órdenes de aprehensión giradas contra e prpio Pesquera y otro funcionario, así como la presentación de la demanda de amparo hecha por un abogado local ante un Juzgado de Distrito.
En esta demanda esta representado sólo el ex tesorero Pesquera.
Por otra parte, hasta ahora la Procuraduría General de Justicia sólo ha imputado al exfuncionario el haber dispuesto de manera ilegal de recursos públicos por un total de 262 mil pesos y 48 centavos, pero no ha aclarado estas autoridades si ampliará el ejercicio de la acción penal con otros montos.
El monto argumentado ya en la imputación contra el exfuncionario, hace encuadrar esta acusación por peculado, en la clasificación de delito grave, por la que el funcionario eventualmente tendría que ser encarcelado y enfrentar proceso penal tras las rejas.
Hasta este miércoles a mediodía, la demanda de amparo habría estado sujeta al os tramites del tribunal federal para luego proceder a notificar a las autoridad reclamada, el juez cuarto de lo penal del partido judicial de León, para seguir el trámite del también llamado juicio de garantías.
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