La posibilidad de una ley del servicio profesional de carrera de la administración pública y de los 46 municipios del estado robó cámara ayer durante la presentación de la agenda legislativa de la fracción mayoritaria de Acción Nacional en el Congreso del Estado.
En la presentación de los temas más relevantes que impulsará el PAN en esta legislatura, llamó la atención esta propuesta pues el diputado presidente de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales Ricardo Torres Origel cuestionó el alto costo que para la sociedad y para el erario, tiene el cambio cada trienio o sexenio de centenares de empleados por razones ajenas a sus capacidades.
Torres Origel admitió no tener datos precisos del coto económico que representa pero basta recurrir a los sistemas de información pública para saber a cuánto ascienden los pasivos laborales de los 46 municipios del estado por razones de despidos injustificados o cuanto se ha pagado de liquidaciones por años y años de servicio.
Torres Origel dijo que la hay experiencia que se desperdicia y sin este sistema no hay certeza laboral y jurídica ni de su trabajo ni de su futuro de los empleados que realmente son capaces.
Los panistas planean trabajar en las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos necesarios para llegar a la desindexación del salario y avanzar en la recuperación del poder adquisitivo.
Entre las leyes estatales que se adecuarán con este propósito, están las siguientes: Código Civil, Código Penal, Código de Procedimientos Civiles, Ley del proceso penal, Código Penal, Ley de Institucionales y Procedimientos Electorales Código Territorial, Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, entre otras.
Además, entre otras reformas, se adecuarán las disposiciones contenidas en el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de que en estos ordenamientos se establezca que los ayuntamientos tienen las facultades para regular la prohibición para el uso de suelo y edificaciones para casinos, centros de apuesta, salas de sorteos, casas de juego y similares, así como el establecimiento de centros que presten espectáculos con personas desnudos o semidesnudas.
