En medio de reclamos, con la ausencia de los regidores del partido verde y PRI con el aval de los ediles panistas fue aprobada en la comisión de gobierno una inhabilitación de 8 meses para un ex director de la administración de Bárbara Botello por omisión a las peticiones de información que en 16 expedientes le hizo la contraloría.
El punto 3 de la orden del día de dicha comisión fue el motivo de inconformidad entre los ediles panistas y los de oposición, primero por el hecho de haber turnado el análisis de una sanción de responsabilidad administrativa a la comisión de gobierno, no al ayuntamiento directamente desde la contraloría, otro de los puntos cuestionados tanto por los regidores Sergio Contreras, Salvador Ramírez Argote y Jorge Cabrera fue la ausencia del contralor en el análisis de la una investigación que él realizó y que se turnó a dicha comisión y así mismo se cuestionó el hecho de que siendo una sesión pública se mantuviera en secreto el nombre del exfuncionario sancionado cuando además los regidores no tenían la suficiente información de la determinación de la contraloría.
Después de varios minutos y argumentos legales dados a conocer por la directora de asuntos jurídicos del ayuntamiento para sustentar el motivo de la revisión de la sanción a un exfuncionario de la pasada administración, tanto el regidor del PRI como el regidor del partido Verde por no haber ni siquiera una explicación de la contraloría decidieron levantarse y abandonar la sesión de la comisión de gobierno.
Enseguida con regidores panistas y el regidor del PES Jorge Cabrera se llevó a cabo la lectura de los motivos de sanción, en la que se explicó que la investigación inició en Julio del 2015 con las denuncias ciudadanas y una anónima que llegaron a la contraloría por motivos que también se mantuvieron en secreto.
El exfuncionario del cual se omitió su nombre en la exposición del caso, acumuló en total 16 expedientes en los cuales se le solicitó de manera reiterada información desde la contraloría, la cual no entregaba y solicitaba plazos para ofrecer elementos de prueba a su favor, que tampoco presentó.
Por ello ante tal omisión en Noviembre del 2015 la contraloría resuelve que el exfuncionario es responsable de haber cometido una falta, no obstante había algunos detalles jurídicos en la resolución final y por ello se regresa el documento a la contraloría solo para su verificación y es hasta este mes que finalmente se turna al ayuntamiento para que se construya una propuesta de sanción, propuesta que es llevada a la comisión de gobierno para su aprobación y posteriormente en el pleno del cabildo como lo explicó la directora jurídica Edith Muñoz.
“La falta que se comete es la omisión de dar respuesta oportuna a los requerimientos que le hace la Contraloría, esa es la falta cometida y la consecuencia es la sanción que se propone, hay que tener cuidado, hablar del cumplimiento en la ejecución del funcionario como tal no es reincidencia, la propuesta es por el cargo que tenía, titular de dependencia y el incumplimiento del acto como tal, hubo 16 omisiones”
La ley de responsabilidades administrativas establece una sanción de 6 meses hasta 1 año de inhabilitación en la función pública por esta falta, por lo que de acuerdo al puesto que ocupaba el exfuncionario (que después trascendió de manera extraoficial es Fidel García Granados exdirector de gestión ambiental), se aprueba por mayoría y con la reserva del regidor del PES de cambiar su voto posteriormente, que el exdirector no pueda ejercer ningún cargo durante un período de 8 meses, ahora solo falta el aval del resto de los integrantes del cabildo el próximo Lunes.
