Guanajuato.- Casi 3 mil presos quedarían libres en Guanajuato si se quita la prisión preventiva oficiosa, y a nivel nacional serían 68 mil, advirtió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
En la conferencia matutina de este martes, refirió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado mexicano a eliminar la prisión preventiva oficiosa, la cual se aplica a delitos como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio y robo a casa habitación, entre otros.
La funcionaria federal advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide eliminar la citada medida, 67 mil 877 presuntos delincuentes quedarían libres, de los cuales 2 mil 962 están en Guanajuato.
Además, aseguró que el problema radica en los largos tiempos que le toma al Poder Judicial procesar los casos.
“Cabe destacar que el número es tan alto precisamente porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse. Ese asunto debe atacarse por el propio Poder Judicial, la enorme tardanza de los procesos y las resoluciones”, dijo.
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Por lo anterior, Luisa María Alcalde refirió que se le envió un oficio a los magistrados y a la presidenta de la SCJN para solicitarle tomar en cuenta a otras instancias antes de tomar una decisión al respecto.
“La Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta otras instituciones; una obvia sería el Congreso de la Unión, quien debería analizar la posibilidad de estas modificaciones. Creemos que la SCJN no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país”, dijo.
La Secretaría de Gobierno resaltó que si quedan en libertad las personas vinculadas a proceso y que recibieron como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, se pondría en riesgo la seguridad de testigos, víctimas, policías, personal de fiscalías y jueces, además de que el sistema de justicia tendría una carga de trabajo excesiva, adicional a la que ya tiene.
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