Celaya.- Algo no cuadra en Celaya. Este municipio, de 541 mil habitantes, tiene la mayor cantidad de fuerzas del orden en relación con su población en todo el estado de Guanajuato, y aun así, las víctimas de homicidio se han incrementado considerablemente desde el 22 de agosto pasado, cuando el Gobierno Federal asumió el control de la seguridad.
La clave de este desafío a la lógica está en el alcalde morenista, Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien según fuentes de alto nivel, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República de sus dichos de que el crimen organizado en el Gobierno Municipal le ha pedido plazas, pero además por reincorporar a más de cien policías, entre ellos su jefe de seguridad, Eduardo Coria, recientemente asesinado, pero que no pasaron los exámenes de control de confianza.
En Celaya hay 3 mil 800 personas dedicadas a tareas de seguridad pública, entre soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y Policía Municipal. Son 702.40 efectivos por cada 100 mil habitantes, muy por encima del estándar de entre 222 y 300 policías que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El resultado ha sido un desastre: enero cerró con un incremento del 52% en el número de carpetas de investigación iniciadas por homicidio doloso con arma de fuego, en comparación con el mismo periodo del año pasado, y el pronóstico para las cifras definitivas de febrero del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) apuntan a mantener el alza.
Marzo inició con el pie izquierdo. Apenas este jueves sicarios ejecutaron al exdirector de la Policía Municipal, Carlos Reyes, a las 3:44 de la tarde, sobre la transitada avenida Juan José Torres Landa. Horas después, a las 11:30 de la noche, el policía municipal Roberto Carlos Juárez fue asesinado cuando regresaba a su casa, en la colonia La Calesa. Era su día de descanso.
Según las primeras investigaciones, las víctimas no habían recibido amenazas y se habían distinguido por desempeñar bien su trabajo. No tenían vínculos con la delincuencia. Alguien “los puso”.
Según un reporte de inteligencia, al que Latinus tuvo acceso, esta ola de violencia está en la disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de actividades ilícitas, como el tráfico de combustible y el narcomenudeo. Esta situación, sin embargo, no es generalizada en Guanajuato, sino que se focaliza en la región Laja-Bajío.
En León, por ejemplo, el número de carpetas de investigación por homicidio doloso con arma de fuego cerró en enero con una disminución de -41.67%. Sumando a policías municipales, soldados y Guardia Nacional, hay 238.88 efectivos por cada 100 mil habitantes, justo el estándar de la ONU.
León es tres veces más grande que Celaya, tiene una menor proporción de fuerzas del orden, y redujo los homicidios dolosos con arma de fuego. Lo mismo ocurre en Irapuato: con 800 policías municipales protegiendo a poco más de 600 mil habitantes, la reducción es de -40%, similar a la ciudad zapatera.
El punto de quiebre en Celaya
El 22 de agosto de 2024 las fuerzas federales tomaron el control de la seguridad en Celaya. A través del operativo Trueno, los 500 policías municipales entregaron sus armas y fueron reemplazados por igual número de oficiales de la Guardia Nacional.
Y empezó el desastre: según datos del SESNSP, para septiembre los homicidios dolosos con arma de fuego se incrementaron en 62%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. En octubre el número de carpetas de investigación por este delito creció en 222%, noviembre 53.57% más, y diciembre cerró con un alza de 68.42%.
El 10 de octubre de 2024 rindió protesta Juan Miguel Ramírez Sánchez. En sus primeras declaraciones dijo tener “miedo”, al igual que el resto de la ciudadanía. Y su más vistosa acción en materia de seguridad fue anunciar el despido masivo de policías municipales, esos que estaban acuartelados. Su pecado: haber pertenecido a la extinta Policía Federal.
Las cifras no jugaban a su favor. Antes del desarme, la tendencia en homicidios doloso con arma de fuego iba a la baja, solo con un incremento en mayo. La comparación 2024 con 2023 arroja estos datos: enero, -10%; febrero, -65%; marzo, -54%; abril, -58%; mayo, 25%; junio, -5.8%; julio, -71%; y agosto, -40%. Todo con cifras del SESNSP.
El estado de fuerza de policías municipales pasó de 500 en agosto a 360 en diciembre de 2024. Para febrero de este año, ya rondaban nuevamente el medio millar. Sin embargo, al menos 120 policías que la anterior administración había dado de baja por reprobar las pruebas de control y confianza, comenzaron a ser recontratados a partir del 2 de diciembre.
Según el artículo 9 fracción VIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, las autoridades deben abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no cuentan con el requisito y certificado emitido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza. Pero esto no parecía importar a Juan Miguel Ramírez Sánchez.
La infiltración
El 22 de noviembre de 2024 el alcalde encendió los focos rojos. En rueda de prensa, Ramírez Sánchez reconoció que integrantes del crimen organizado lo habían buscado en persona, por teléfono y “por diversas formas” para pedirle espacios en su gabinete.
Las declaraciones surgieron por cuestionamientos de los medios sobre el atentado que sufrió horas antes el entonces director del Instituto de Formación Policial (Infopol) y excandidato a la alcaldía por el Partido del Trabajo en 2024, Jorge Acuña Dávalos. Sicarios intentaron asesinarlo cuando este salía su domicilio, pero logró resguardarse y resultó ileso.
La mañana del 12 de febrero pasado, cuando salía de su domicilio, sicarios asesinaron a balazos a Álvaro Fernando Coria Jiménez, jefe de escoltas del alcalde Juan Miguel Ramírez. Hora después de crimen, comenzó a circular un video en el que el CJNG se adjudicaba el homicidio.
“Esto le seguirá pasando a todos los que apoyen a los mugrosos mata inocentes de Los Marros”, se leía en el mensaje, en clara alusión al CSRL, liderado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”. En el video también se amenazaba a funcionarios municipales por presuntamente estar coludidos.
Un segundo reporte de inteligencia en poder de Latinus menciona que Coria Jiménez fue dado de baja de la Policía Municipal por reprobar las pruebas de control y confianza, específicamente por tener vínculos con el CSRL. Además, estuvo dos veces en prisión por homicidio, en 2020 y 2022.
“El alcalde Juan Miguel Ramírez, fue advertido de estos antecedentes y del riesgo que implicaba su contratación”, cita el reporte, y agrega: “en la nueva administración, la policía municipal de Celaya recontrató policías que fueron retirados de sus funciones por posibles vínculos con la delincuencia”.
El reporte también señala a Jorge Acuña por tener vínculos con la delincuencia. La clave está en que el ahora exdirector del Infopol y Coria eran grandes amigos, y juntos habían armado un plan.
Según un exfuncionario policial de Celaya, Acuña fue director de Policía de Celaya entre 2012 y 2014. Presionado por el Gobierno del Estado, tuvo que aceptar la baja de Álvaro Fernando Coria en 2013, cuando resultó no apto por sus vínculos con la delincuencia, ya que de lo contrario el municipio no podría acceder a los recursos del entonces Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).
El exfuncionario policial señala directamente a ambos personajes de haber convencido a Ramírez Sánchez de despedir a los policías de extracción federal y de recontratar a los policías dados de baja por reprobar las pruebas de control y confianza.
Uno de los expolicías no alcanzó a ingresar nuevamente a las filas de la corporación. El 18 de noviembre, en la colonia Obrero Mundial, fue asesinado Carlos Alberto Estrada Arévalo, quien participaba en el curso impartido por el Infopol que todavía dirigía Acuña para poder ser recontratado.
Ante el recrudecimiento de la violencia homicida en Celaya, el alcalde ha respondido con un llamado al Estado para que envíen más oficiales de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado a patrullar Celaya, no obstante que el mayor despliegue de la policía estatal se encuentra precisamente en la zona Laja-Bajío.
No bastan los 2 mil 800 soldados de la Fuerza de Celaya, ni los más de 500 efectivos de la Guardia Nacional, o el medio millar de policías municipales para contener los homicidios o las crecientes extorsiones y cobro de piso a comerciantes de la Central de Abastos, prácticas erradicadas en la administración pasada y que ahora, como los asesinatos van al alza.
Te puede interesar:
Ejecutan a policía municipal de Celaya cuando salía de turno
Asesinan a “El Zeus”, exdirector de la Policía de Celaya, en ataque armado
Asesinan a jefa de policía de género en Celaya; su hijo está grave
Ejecutan a jefe de seguridad del alcalde de Celaya
/ED
Discussion about this post