El Congreso de Guanajuato está en el top 10 de los más caros del país en relación a la cantidad de legisladores que tiene, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
En este análisis, titulado “Congresos ricos, auditorías pobres”, el organismo civil divide el presupuesto que cada congreso local tiene respecto a la cantidad de habitantes de cada entidad, lo cual arroja que a nivel nacional este cada diputado local cuesta en promedio 12.5 millones de pesos este año.
En el caso de Guanajuato, su congreso se ubica como el noveno donde cada congresista resulta más caro, haciendo esta misma división del presupuesto anual entre el número de congresistas que tiene, resultando un promedio de 14.5 millones de pesos por cada uno de ellos, 2 millones más que la media nacional.
El costo más alto por congresista lo tiene Baja California, donde hay un presupuesto anual de 27 millones por cada uno, seguido por Ciudad de México y Michoacán, con 24.2 y 23.3 millones, respectivamente.
En cambio, los más ‘baratos’, según el reporte del Imco, son Colima, donde se destina en promedio 4.6 millones por cada legislador, y Tamaulipas, con 5.4 millones.
Guanajuato, el que más recorta a su auditoría
Otro dato revelador del estudio es que el Congreso de Guanajuato es el que más recursos le ha recortado a su órgano auditor entre el año 2020 y 2022, periodo en el cual su presupuesto disminuyó 20 por ciento.
Además, es el cuarto congreso que, en relación a la cantidad de habitantes que tiene, destina menos recursos a la auditoría estatal, con un promedio de 25 pesos per cápita.
Con ello, solo se sitúa por encima de otras tres entidades: Estado de México (16 pesos per cápita), Morelos (16 pesos) y Veracruz (23 pesos), mientras que el congreso que destina más recurso, en función con su población, es el de Quintana Roo, con 114 pesos per cápita.
El promedio en el país es de 40 pesos por habitante destinados a los órganos de control de los congresos locales.
A partir de lo anterior, el Imco propone que se establezca que al menos el 20 por ciento del presupuesto del Poder Legislativo se destine a las auditorías estatales.
Además, aseguró que se debe definir en la Constitución, de forma clara, el número de habitantes por congresista local, pues en su redacción actual es ambiguo, lo que ocasiona importantes asimetrías en el número de habitantes por diputados locales en cada estado.
Por último, señala que es necesario invertir en la profesionalización de los congresos locales y auditorías mediante el servicio profesional de carrera para eliminar el uso de puestos de forma clientelar y partidista en cada una de sus áreas.
