El Congreso de la Unión emitió un dictamen con punto de acuerdo mediante el que se exhorta a que el Congreso del Estado de Guanajuato, a través de la Auditoría Superior del Estado (ASEG) realice las investigaciones pertinentes respecto de las licitaciones y adquisiciones de medicamentos controlados que hizo la Secretaría de Finanzas en el año 2013.
El documento fue aprobado por unanimidad, incluidos los votos del senador panista Juan Carlos Romero Hicks y la diputada priista y exalcaldesa de León, Bárbara Botello.
“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Guanajuato para que, a través de la Auditoría Superior, realice las investigaciones pertinentes respecto de las licitaciones y adquisiciones de medicamentos realizados por el gobierno de la entidad para que estén apegadas a la normatividad; a su vez se informe a esta soberanía”, señala el punto único de este acuerdo.
Cabe recordar que hace 3 años, la fracción del Verde en el Congreso local encabezada por Sergio Contreras Guerrero denunció públicamente que la Secretaría de Finanzas compró insulina y medicamentos para la hipertensión arterial a sobreprecio del 300 por ciento.
El ahora regidor por León, dijo que las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (DIMESA) e lntercontinental de Medicamentos (INTERMED), en conjunto con Phoenix Farmacéutica fueron beneficiadas con dichos contratos.
A finales de mayo senadores del PRI presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente una proposición para investigar este caso que quedó asentada con el número CP2R1A-658, y que fue turnada a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.
El documento aprobado ayer señala que “quienes integramos esta comisión dictaminadora, consideramos indispensable cumplir con los más altos estándares internacionales en materia de salud, y particularmente con aquellos relacionado con el abasto oportuno de los medicamentos e insumos para la salud que demanda la sociedad mexicana”.
Adicionalmente, agrega, “creemos oportuno señalar que de conformidad con el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual forma parte nuestro país, los Estados miembros están obligados adoptar medida necesarias para constituir sistema~ apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción”.
En su momento, el entonces Organo Superior de Fiscalización hizo una auditoría a licitaciones lanzadas por la secretaría de Finanzas mientras que la secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas hizo lo propio con aquel proceso. En ninguno de esas intervenciones, hubo funcionarios sancionados.
