En la víspera de la reunión bilateral de seguridad con Estados Unidos, a realizarse en la Casa Blanca, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la creación de una nueva Comisión para coordinar las acciones contra el tráfico de drogas sintéticas, armas de fuego y municiones.
En el documento, el mandatario reconoce que el uso de fentanilo con fines no médicos, como adulterante de la heroína y de otras drogas, así como para falsificar fármacos opioides, implica un alto riesgo de sobredosis y muerte por depresión respiratoria.
“La facilidad de fabricación en los bajos costos de producción, al igual que la escasa regulación de muchos de los análogos del fentanilo o de sus precursores, mantienen la disponibilidad de estas sustancias en los mercados farmacéuticos y en los mercados ilícitos, lo que dificulta su detección y la prevención de su consumo”, refirió.
El jefe del Ejecutivo detalló que, entre el 6 y el 20 de febrero de este ańo se aseguraron en el País 302 millones de dosis de fentanilo, lo que representa un aumento del 857 por ciento.
López Obrador anunció que la nueva Comisión tendrá carácter permanente, dependerá directamente él y fungirá como un grupo de trabajo especial para dar seguimiento a las acciones contra el tráfico ilegal de drogas sintéticas, armas y municiones.
Estará integrada por los titulares de las secretarías de Seguridad, Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores y Salud, así como por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda.
La Fiscalía General de la República (FGR) será invitada permanente y contará con voz, pero sin voto.
Entre las atribuciones de la Comisión están la coordinación de dependencias, promover acciones estratégicas de colaboración y políticas públicas entre los tres órdenes de Gobierno para salvaguardar la seguridad nacional y proponer a las autoridades acciones que resulten necesarias para celebrar convenios internacionales contra el tráfico ilegal de drogas y armas.
También verificará el cumplimiento de convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano, evaluará las estrategias y promoverá el intercambio de información.
La nueva Comisión deberá instalarse en los próximos 10 días hábiles y sus gastos serán absorbidos con cargo al presupuesto de ingresos de la Federación, mediante movimientos compensados, lo que implica que no se han autorizado recursos adicionales para su operación.
La Comisión deberá abordar el problema del tráfico ilegal de armas, considerado como prioritario para el Gobierno mexicano.
En este caso, el decreto advierte que la violencia vinculada a las armas de fuego es uno de los problemas estructurales más importantes en materia de seguridad y salud pública de las últimas décadas.
“La prevención y el combate a la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego constituyen una prioridad de la política interior exterior del País, que tiene como objetivo primordial poner fin a la pérdida de vidas humanas y a la degradación de las condiciones de paz y bienestar”, agrega.
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