El juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, decretó la libertad del ex gobernador del estado mexicano de Coahuila, Humberto Moreira, pero con la prohibición de salir de territorio español y retirándole el pasaporte.
Moreira rindió su declaración este viernes durante casi una hora, y según su abogado defensor Manuel Ollé Sesé se mostró dispuesto a contestar todas las preguntas y a colaborar con las autoridades judiciales.
Ollé Sesé señaló ante los medios de comunicación que la prohibición de salir de España y la retirada de pasaporte se mantendrán hasta que sea firme el auto, ya que la Fiscalía Anticorrupción tiene ahora un plazo de cinco días hábiles para recurrir la decisión del juez Pedraz.
“Lo fundamental, aunque permanece el secreto de Sumario y no se pueden dar todos los argumentos, es que dice con toda rotundidad y claridad que no hay delito ninguno, que no se ha cometido delito de blanqueo y que por tanto procede decretar la libertad”, dijo.
Señaló que “yo intuyo, pero esto ya es una opinión personal que lo que procederá en los próximos días es el sobreseimiento del caso respecto del Sr. Moreira”.
“El juez también dice que desde el año 2013, 2014 prácticamente toda la investigación que se ha realizado ha sido totalmente estéril para encontrar indicios incriminatorios”, agregó.
Ollé Sesé aseguró que el juez Pedraz tampoco encontró elementos que vinculen a Moreira con la organización de los Zetas.
Moreira llegó a la Audiencia Nacional aproximadamente a las 09:20 hora local (08:20 GMT) para declarar por el caso de los delitos por los que se le acusan en este país.
El pasado día 15, el juez de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional española, José de la Mata, dictó ingreso en prisión para Humberto Moreira, detenido en esta capital en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, a donde llegó procedente de México, conforme a una orden de detención emitida por Pedraz a petición de la Fiscalía Anticorrupción de España.
Al que fuera presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2011 se le acusaba de lavado de dinero, organización criminal, malversación de caudales públicos, y cohecho.
El juez defensor calculó que el procedimiento para esperar si recurre o no la Fiscalía Anticorrupción y mantener o no el auto del juez Pedraz podría prolongarse unos 20 días.
