El procurador Estatal de los Derechos Humanos Raúl Montero de Alba, reconoció que la desaparición forzada es uno de los delitos más sensibles que vulneran a las familias y que como autoridad tiene la obligación de abordar para que las conductas que las propician no se vuelvan a repetir por acción u omisión de las autoridades.
En el documento que incluye su informe anual de labores entregado al Congreso este jueves, Montero de Alba dijo que se trata de una violación grave a los derechos fundamentales y por su lesividad ha sido considerada como una afrenta a toda la humanidad y que se caracteriza por la privación de la libertad contra la voluntad de la persona; la participación directa de agentes gubernamentales o bien indirectamente y la negativa a revelar el paradero de la persona que ha sido víctima.
A unos meses de que el tema tuvo una gran atención mediática por el activismo de los colectivos ciudadanos, sus exigencias y el reconocimiento del problema de las autoridades estatales nunca visto en el sexenio de Miguel Márquez, el ombudsperson del estado habló de los resultados desde su competencia.
Durante 2019, el organismo emitió un total de 35 Recomendaciones en 3 expedientes que involucran a 7 personas por casos de desaparición forzada de personas a los municipios de Celaya (17), Comonfort (9) y Cortazar (9) con la finalidad de que las autoridades reparen el daño causado; ofrezcan garantías de no repetición de los hechos y sancionen a quienes cometieron este tipo de violaciones.
En un video enviado al Congreso local y distribuido a los medios de comunicación, Montero de Alba presumió el acatamiento de la totalidad de las recomendaciones emitidas por el organismo en el último año.
“Más de un cuarto de siglo de la creación de nuestro organismo, contamos con una institución que encara los desafíos con personal especializado y el equipamiento más avanzado para mejorar el desempeño de las exigencias de la sociedad de una defensa efectiva de sus derechos”.
En este sentido, durante el periodo que se informa se abrieron 1 mil 188 expedientes de queja a través de las Subprocuradurías con sede en Acámbaro, Celaya, Irapuato, León y San Miguel de Allende. Estos, representan 264 expedientes más que el año inmediato anterior, es decir, un 28.5% adicionales.
Las principales autoridades estatales señaladas fueron, la Fiscalía General del Estado con 241 quejas; la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con 147; la Secretaría de Educación de Guanajuato con 110; y la Secretaría de Salud de Guanajuato con 67.
En el caso de las autoridades municipales, los Municipios que más quejas acumulan son: León con 86, Celaya con 53, Irapuato con 50, San Miguel de Allende con 36, Guanajuato capital con 29 quejas y Acámbaro con 25. Los cuerpos policíacos son las áreas más señaladas en las quejas por localidades.
Los principales hechos violatorios señalados en las quejas fueron aquellos derivados del ejercicio indebido de la función pública; la violación del derecho a la integridad física; la violación del derecho a la seguridad jurídica; la violación del derecho a la libertad personal y la violación del derecho de protección a la salud.
Estas acciones derivaron en la emisión de 376 Recomendaciones a las autoridades señaladas en las quejas, de las cuales 198 fueron dirigidas a los municipios, las cuales representan el 52.65% del total y 178 a las dependencias estatales, que representan el 47.35% restante.
Las principales violaciones que derivaron en las recomendaciones, fueron: a la integridad física; a la seguridad jurídica; la desaparición forzada; a la libertad personal y a los derechos de las niñas, niños y adolescente
Derivado de estas Recomendaciones, las autoridades estatales y municipales aplicaron una serie de medidas disciplinarias contra los servidores señalados, entre ellas se subrayan las siguientes: elementos que causaron baja 98; suspensiones90; amonestaciones 82; arrestos18; ceses13; apercibimientos 13; notas malas en hoja de servicio 9; multas5; separación del cargo 3; sanción económica 3; remociones 3; llamadas de atención 2; otros 2, dando un total de 341 medidas disciplinarias aplicadas.
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