El derrame de 224 mil litros de cianuro en un río encendió la alerta en Argentina y renovó las protestas y las denuncias judiciales por los riesgos para la salud y el medio ambiente que provoca la megaminería.
La semana pasada, la minera estadunidense Barrick Gold reconoció que el yacimiento minero Veladero, ubicado en la provincia de San Juan, a mil 300 kilómetros de Buenos Aires, había sufrido un derrame de solución cianurada.
La sustancia, que es altamente tóxica, llegó al Río Jachal, que surte de agua dulce a la localidad del mismo nombre, lo que desató el temor entre los habitantes que dejaron de utilizar agua de la canilla por temor a que estuviera contaminada.
Pese a que el derrame se registró desde el domingo, la minera tardó cuatro días en confirmar el incidente, por lo que la gente vivió sumida en la incertidumbre, agotó el agua embotellada y se reorganizó para protestar.
La propia empresa quedó sumida en una serie de contradicciones al reconocer que la cantidad de solución cianurada podría ser nueve meses mayor que los 224 mil litros reportados inicialmente, lo que superaría los dos millones de litros.
También descartó cualquier tipo de contaminación en el agua desde que el caso salió a la luz, pero al mismo tiempo se encargó de repartir agua embotellada entre la gente, lo que incrementó las sospechas en su contra.
El juez Pablo Oritja ordenó el cese de tareas en la mina durante cinco días, pero sólo en la zona de lixiviación, que es donde se riega la tierra molida con agua y cianuro para separar el oro y la plata de la piedra, es decir, en donde se produjo el derrame.
El fiscal general de San Juan, Guillermo De Sanctis, dirigentes del partido Frente Progresista Popular, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y los vecinos de San Juan interpusieron sus respectivas denuncias en los tribunales para investigar causas y consecuencias del derrame.
Las demandas afectan a los secretarios nacionales de Minería y Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jorge Mayoral y Sergio Lorusso; al subsecretario de Ambiente de San Juan, Domingo Raúl Tello; al presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé, y a Barrick Gold.
A todos ellos y a la empresa se les acusa de envenenamiento de aguas y medicamentos y propagación de enfermedades peligrosas que podrían abarcar incluso a San Luis y Mendoza, ya que el río Jachal cursa y abastece a esas provincias.
La polémica creció aún más luego de que el presidente de la Cámara de Minería de San Juan afirmara que cualquiera podía tomar medio vaso de agua con cianuro “que no va a hacer nada, está sumamente diluido”.
Este martes, el juez Oritja confirmó que los análisis sobre el derrame concluyeron que no hay cianuro en el agua que pueda afectar a la salud, “lo que no quiere decir que no se haya producido impacto ambiental en la cuenca”.
Sin embargo, los vecinos se mantienen en estado de alerta, ya que el juez ahora investigará las responsabilidades por la posible falta de mantenimiento que posibilitó el derrame, además de un comportamiento “desaprensivo y negligente” de parte del personal de Barrick Gold.
