El gobierno del estado desconoció las calcomanías que particulares distribuyen entre propietarios de taxis ejecutivos Uber como supuesta garantía de protección ante sanciones del Instituto de Movilidad del Estado.
Luego de la publicación en el periódico Correo que señala reclamos de conductores de Uber a Edgar Zamarripa, Adolfo Enríquez Vanderkam y Guillermo Chávez Cornejo quienes habrían solicitado mil 700 pesos para librar operativos, Enríquez aceptó en su cuenta de Facebook que participó en la solicitud de dinero aunque se comprometió a devolverlo en los próximos días.
El gobernador Miguel Márquez dijo en entrevista ayer que solo conocía del caso por lo publicado en los medios e instó a los afectados a presentar las denuncias correspondientes.
Más tarde, la secretaría de Gobierno envió una tarjeta informativa en la que reitera que el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato es la única autoridad facultada para la expedición de permisos y desconoce los supuestos acuerdos que se hayan hecho entre particulares que manejan vehículos de transporte especial ejecutivo, por lo que la existencia de una supuesta “calcomanía” de otro tipo está fuera de la ley.
Refiere también se han sancionado -de enero al 1 de diciembre del año en curso-, a más de 629 vehículos por ofrecer el servicio de forma irregular en la entidad.
Finalmente, exhorta a quienes hayan resultado agraviados por este tipo de hechos que se conduzcan por las vías legales correspondientes.
En una publicación en su cuenta de Facebook, Adolfo Enríquez señala que el holograma nunca se vendió para hacer las veces de permiso o para que la autoridad no detuviera las unidades sino para ofrecer y dar apoyo jurídico a los portadores y promoción en las redes sociales.
Refirió que fueron 106 hologramas con un costo de mil pesos cada uno y que la cantidad recaudada se destinó en dar becas a estudiantes, apoyar la rehabilitación de una menor de edad adicta al cristal y en el apoyo a un deportista leonés que fue a competir a Rusia.
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