Los despidos en masa se convirtieron en un sello del presidente de Argentina, Mauricio Macri, ya que en sólo seis semanas de gobierno más de 24 mil empleados públicos perdieron su trabajo.
Las cifras se incrementarán en el corto plazo, ya que en todas las dependencias del Estado se están elaborando listas de trabajadores a los que no se les renovarán contratos o serán despedidos sin mayores explicaciones.
El gobierno macrista justifica los despidos masivos con el argumento de que en el Estado había muchos “militantes” del kirchnerismo que gobernó Argentina durante los últimos 12 años y medio, bajo las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Los nuevos funcionarios han denunciado que los “militantes” más que trabajar hacían política, además de que otros simplemente eran “ñoquis”, como se les denomina aquí a quienes cobran sueldos sin cumplir con ninguna función.
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, resumió la visión del gobierno macrista al afirmar de manera despectiva: “No vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea y eliminar ‘ñoquis’”.
Sin embargo, múltiples testimonios demuestran que el gobierno macrista no analizó la situación real de los trabajadores para comprobar su situación laboral y simplemente los echaron con un telegrama o impidiéndoles el acceso a las oficinas o a sus cuentas oficiales en la red.
El caso más reciente es el del Ministerio de Justicia, que la víspera anunció el despido de 498 empleados porque en su mayoría fueron contratados “bajo criterios políticos”, no de capacidad, o nunca se presentaron a sus puestos, lo que es desmentido por los propios afectados.
Entre los despedidos se encuentran 10 trabajadores de la Infojus Noticias, una agencia innovadora que demostró que desde el Estado se podía realizar un periodismo serio y de calidad, con una agenda que visibilizaba temas ignorados en los medios más influyentes, como diversidad sexual o juicios de lesa humanidad.
La política de echar en masa a trabajadores del Estado fue tan evidente desde el inicio del gobierno de Macri, el pasado 10 de diciembre, que un grupo de trabajadores creó en Twitter la cuenta “El despidómetro” para consignar los casos de cada dependencia.
Uno de los primeros y más escandalosos casos ocurrió en el Senado, en donde la vicepresidenta Gabriela Michetti despidió a más de dos mil trabajadores, entre ellos a discapacitados y embarazadas que luego tuvo que recontratar.
Los trabajadores del Centro Cultural Kirchner se enteraron de sus despidos por mensajes de Twitter, sin ninguna entrevista personal de por medio, sin que ningún nuevo funcionario les diera razones.
Las “desvinculaciones” se repitieron en dependencias como el Registro Nacional de las Personas, el Espacio Memoria y Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad y el Programa Verdad y Justicia.
A los despidos se ha sumado la represión, ya que trabajadores despedidos que realizaron una protesta en la ciudad de La Plata el pasado 8 de enero fueron atacados con balas de goma y gases lacrimógenos.
En la provincia de Jujuy, cooperativistas desocupados ante el recorte de subsidios iniciaron un plantón frente a la Casa de Gobierno y la respuesta fue la detención de su dirigente, Milagro Sala.
