Guanajuato.- Pese a los avances en la materia, aún existen lagunas en la ley en Guanajuato que provocan dilación en la ejecución de medidas cautelares por parte de autoridades de seguridad pública que se dictan a favor de mujeres que se encuentran en riesgo por ser víctimas de violencia política en razón de género.
La consejera del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, Sandra Liliana Prieto de León, advirtió que uno de los principales problemas que enfrentan las autoridades electorales que dictan estas medidas es la declaratoria de no competencia de autoridades municipales, estatales y federales que dejan en estado de indefensión a quienes requieren protección.
“Porque mientras se definen las autoridades responsables de impartir seguridad pública en una entidad federativa de cualquiera de los tres niveles de gobierno, a quién le corresponde dar esta seguridad, la vida de la víctima y quienes están en su entorno, puede estar en riesgo y entonces de qué sirve que las autoridades solicitemos estas medidas de protección si las autoridades no lo hacen con inmediatez”.
Dijo que en el proceso 2020-2021, de los casi 600 expedientes en materia de procedimiento sancionador en Guanajuato, 58 pertenecían a violencia política en razón de género y en 14 se dictaron medidas cautelares a favor de la víctima que enfrentaron la resistencia de autoridades por ese vacío legal.
Dijo que esa competencia debe quedar regulada pero en las leyes de seguridad pública para evitar que evadan su responsabilidad y lo peor, las víctimas queden sin la protección que reclaman.
/r
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