Guanajuato.- En la glosa del informe, diputados de Morena, PRI y Verde cuestionaron a la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, sobre la permanencia de Antonio Navarro en su cargo como subsecretario, pese a que enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades y una auditoría en curso derivada de su gestión como director de Juventudes Guanajuato.
Los cuestionamientos fueron encabezados por los coordinadores del PRI, Alejandro Arias Ávila, y del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero. Posteriormente, se sumaron los legisladores de Morena, Carlos Ramos y Ernesto Millán Soberanes, quienes exigieron explicaciones sobre los señalamientos que se hicieron públicos a inicios de enero.
Navarro está acusado de presuntas irregularidades en la asignación de contratos por un monto de 84 millones de pesos durante su administración en Juventudes.

Durante la sesión, el diputado Ernesto Millán presentó cartulinas con copias de notas periodísticas en las que Rosario Corona afirmaba que no emitiría juicios hasta la conclusión de las auditorías.
El priista Alejandro Arias realizó un cuestionamiento poco habitual en su interacción con funcionarios estatales, al preguntar por qué, si el lema de esta administración es “un nuevo comienzo”, se mantiene en el cargo a funcionarios señalados por corrupción.
Por su parte, el coordinador del Partido Verde, Sergio Contreras, fue aún más directo en su intervención:
“Secretaria, tiene trabajando en la Secretaría del Nuevo Comienzo a un funcionario con graves acusaciones de corrupción, como el secretario de Operación para el Desarrollo Humano. Me refiero a Antonio Navarro Padilla. ¿Por qué?”
Sin embargo, Corona Amador evitó responder con detalles y se limitó a señalar que no tiene conocimiento de que algún funcionario de su dependencia haya sido señalado por una autoridad administrativa o penal.
“Tenemos un compromiso con la transparencia y la honestidad. No toleraremos ningún acto de corrupción. Al día de hoy, no tengo información de que algún funcionario de la secretaría tenga una responsabilidad administrativa o penal; de lo contrario, tomaríamos cartas en el asunto”, declaró.
/ED
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