En los últimos 5 años, 2 mil 026 niñas, niños y jóvenes fueron víctimas de homicidio en Guanajuato, convirtiéndose en el estado con más casos en todo el país, denunció Rebeca Aguayo, investigadora del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NIMA).
En rueda de prensa, detalló que, del total de casos, el 60 por ciento han sido clasificados como homicidios culposos, pero también en 6 de cada 10 no se identifica el elemento que ocasionó la muerte, lo cual habla de deficiencias en la investigación ministerial de los casos o que la Fiscalía General del Estado manipula la información, aseguró la investigadora.
Además, resaltó que esta cifra representa más del doble en comparación con el segundo lugar que fue Tamaulipas, con 955 casos en el mismo periodo, del 2015 al 2019.
Indicó que si bien no se puede descartar que la cifra de homicidios de menores esté vinculada al crimen organizado, tampoco se le puede atribuir a este fenómeno todos los casos.
No podríamos reducir esa responsabilidad al crimen organizado porque eso sería negar que las niñas y los niños están en otros espacios donde son cuidados, principalmente por las familias, que es el espacio donde más se reproduce esta violencia. Que el crimen organizado posiblemente tenga algo que ver, sí, posiblemente, nosotras no lo podremos descartar pero tampoco lo podemos afirmar, y ahí tendríamos que hacer toda una línea de investigación para saber qué está pasando”, dijo.
NIMA es una de las 12 organizaciones civiles que conforman la Plataforma política de mujeres y organizaciones en defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato, la cual busca reformar la ley estatal en la materia.
Según explicó Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Ley de derechos de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato fue la peor evaluada en el Índice de Medición de Calidad de Leyes realizado en el 2016, con una calificación de 4.4 sobre 10.
Apuntó que si bien apenas en noviembre del 2019 fue modificada y mejoró, aún dista mucho de apegarse a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, principalmente por dos motivos: primero, porque establece un capítulo de deberes, lo cual condiciona los derechos de los menores; y segundo, porque omite los temas de salud y educación sexual integral.
Esto fue lo que comentó al respecto Rebeca Aguayo:
Es muy constante que lleguen a nuestras organizaciones casos de violencia sexual, de violaciones por los padres hacia sus hijas, en las escuelas, en todos estos espacios, y el Estado no está creando las condiciones necesarias para que se hable de una educación sexual integral, no reconocen la sexualidad que tienen las niñas y los niños; entonces ¿con qué herramientas las niñas y los niños tienen para denunciar esas violencias que se están perpetuando?”, cuestionó Rebeca Aguayo.
Por lo anterior, el pasado lunes la Plataforma solicitó a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, presidida por la perredista Claudia Silva, una audiencia para abordar el tema, la cual se prevé suceda este mismo mes.
Discussion about this post