Guanajuato.- El gobierno de Guanajuato se ubicó a la media tabla en la lista de entidades con mayor carga administrativa en el país. De acuerdo a la consultora ARegional, la entidad se ubica en el lugar 15 del país en la proporción del gasto operativo que realiza con respecto a su gasto total.
Guanajuato destina el 29% de su gasto total en la recaudación de impuestos, provisión de servicios públicos y administración de sus dependencias gubernamentales. Es decir, las erogaciones por gasto corriente recurrente para que la administración de un Estado pueda prestar servicios a los habitantes de su territorio.
De acuerdo a ARegional, los estados que tienen una Carga Administrativa son Ciudad de México (52%), Chiapas (48.4%), Guerrero (44.2%) y Puebla (43.3%).
Ciudad de México y Chiapas son los que destinan el mayor gasto al pago de Servicios Personales, con más del 34.0% cada uno del gasto total. Destaca que en el primer caso tiene un mayor número de personal administrativo para atender y dar servicios a la numerosa población y sectores económicos con los que cuenta.
Guanajuato está por debajo del promedio nacional de carga administrativa que es de 32.9%. Por encima de este porcentaje están 11 entidades. Después aparecen Baja California, Oaxaca y Campeche. Posteriormente, están otros 17 gobiernos estatales que tienen una menor carga que la de Guanajuato.
En contraparte, Sinaloa (19.8%), Querétaro(18.2%), Morelos (15.2%) y Sonora (12.8%)registraron las menores cargas administrativas.
La consultora destaca que en el caso de Querétaro, a pesar de contar con 18 Municipios, el 65% de su población se concentra en dos, “por lo que, al añadir la digitalización de trámites, logró disminuir los recursos destinados para su operatividad”.
El control y buen desempeño que tienen las Entidades Federativas sobre sus gastos administrativos con respecto a su gasto total es lo que se denomina Carga Administrativa. Este indicador se mide con la razón de los gastos no etiquetados de una entidad con respecto al total de egresos, por lo que entre mayor sea la proporción de carga, se tendrá un menor ahorro financiero y recursos para destinar a las inversiones en infraestructura social y productiva o para las transferencias y subsidios.
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