Guanajuato.- El secretario de Seguridad de Celaya de la administración panista del trienio (2021-2024), ahora comisario de la Policía Estatal de Caminos, Jesús Rivera Peralta, violó los derechos humanos del periodista Alejandro Martínez Noguez, periodista del portal “El Hijo del Llanero Solititito”, quien fue asesinado cuando era custodiado por elementos de tránsito.
Así lo determinó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en la resolución 1371/2024. Quien emitió una recomendación al presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez.
El hecho se dio el 4 de agosto de 2024, cuando el periodista fue privado de la vida mientras iba escoltado por personal de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial de Celaya. Él iba en la parte trasera de la patrulla después de cubrir un accidente en el municipio de Villagrán.
¿Qué pasó?
El periodista había sufrido un atentado en su contra en noviembre de 2022, de manera que tenía medidas de seguridad implementadas por el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas.
Cabe destacar que ninguna de esas medidas implicaba que fuera custodiado de manera directa por elementos de seguridad. Aun así, el Municipio asignó a elementos de la secretaría, en este caso tránsitos, para su custodia.
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La PRODHEG destacó que no se encontraron solicitudes formales o material legal que acredite este acto, por lo que se presume que fue un acuerdo personal con las autoridades municipales de Celaya.
El documento señala que “el que el periodista fuera trasladado en la parte trasera de una unidad de tránsito municipal, el día que ocurrió el hecho –privación de la vida–, implica que ello fue determinación de las autoridades municipales, y no como parte de las medidas que el MECANISMO FEDERAL y el CONSEJO ESTATAL”.
¿Qué implica la responsabilidad del Municipio?
La ley señala que cuando una persona queda en resguardo de una autoridad, es responsabilidad del Estado salvaguardar la integridad de la misma. Esto quiere decir que, al periodista ser resguardado por autoridades municipales, era su obligación garantizar su seguridad. Por lo que parte de la resolución pide continuar con las investigaciones para deslindar responsabilidades.
Los puntos de la recomendación:
- PRIMERO. Se otorgue una compensación a las víctimas indirectas, de conformidad con lo señalado en la presente resolución.
- SEGUNDO. Se emita una disculpa pública dirigida en general al gremio periodístico, de acuerdo con lo señalado en la presente resolución.
- TERCERO. Se instruya a quien legalmente corresponda para que se inicie una investigación por la autoridad competente, de acuerdo con lo señalado en la presente resolución.
- CUARTO. Se instruya a quien corresponda, que se entregue un tanto de esta resolución a la autoridad responsable y se integre una copia a su expediente personal, de acuerdo con lo señalado en la presente resolución.
- QUINTO. Se instruya a quien corresponda para que se imparta una capacitación al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, Guanajuato, y se remita una copia de esta resolución al área responsable la formación, capacitación y profesionalización del personal operativo; de acuerdo con lo señalado en la presente resolución.
- SEXTO. Se instruya a quien corresponda, realizar las gestiones necesarias para instrumentar e implementar un protocolo de actuación de las autoridades municipales de Celaya, Guanajuato; de acuerdo con lo señalado en la presente resolución.
Por: Jennifer Marcocchio
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