Desde León, los rectores de los siete planteles que integran el Sistema Universitario Jesuita exigieron a las autoridades esclarecer el asesinato de sus dos compañeros sacerdotes en Chihuahua, y admitieron que la ciudadanía está a merced de los grupos criminales ante el abandono del Estado.
Los siete rectores llevaron a cabo el panel “Justicia con paz y reconciliación” como parte de la Reunión Anual del Sistema Universitario Jesuita que tuvo su sede en León.
De entrada, exigieron que las autoridades recuperen a la brevedad los cuerpos de los dos sacerdotes, que fueron ejecutados y desaparecidos el pasado 20 de junio, en la comunidad chihuahense de Cerocahui.
El rector de la Ibero Torreón, Juan Luis Hernández Avendaño, aseguró que México es un Estado fallido desde hace al menos dos décadas, en gran medida, porque partidos políticos y gobiernos han sido financiados por el propio crimen organizado, o hecho negocios con él.
Por ello, urgió a que todos los institutos políticos, al igual que los gobernantes, desde alcaldes hasta el Presidente de la República, trabajen de forma conjunta en una estrategia común para combatir la violencia estructural que provoca crímenes como el de los dos sacerdotes jesuitas.
“Si no ocurre esto, seguiremos a merced del terrorismo del narcotráfico. El hecho de que se hayan llevado los cuerpos de los sacerdotes es la muestra de que el narco le está diciendo a los gobiernos y a nosotros que ellos también tienen el control de nuestros cuerpos, y sus mensajes simbólicos tienen ya mucho tiempo amenazándonos en el país, no podemos permitirlo”, dijo.
Además, sostuvo que el Gobierno federal tiene que hacer una autocrítica para admitir que su estrategia -si es que la tiene, dijo- no está sirviendo, sino al contrario, ha permitido que el narco avance cada vez más.
Juan Luis Hernández lamentó que muchas partes del país son controladas por cárteles que, sin importar su tamaño, han aprovechado la ausencia del estado de derecho.
“El Estado está ausente, en muchas partes de México hace mucho tiempo que se fue, no está. Por lo tanto, los ciudadanos estamos solos, abandonados a nuestra suerte, sometidos a la ley del más fuerte. Estamos sometidos a la ley del secuestro, la extorsión, del asesinato, y lo estamos porque los gobiernos locales, subnacionales y federales no les interesa proteger a los mexicanos”, dijo.
En tanto, Óscar Castro Soto, director del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, afirmó que los apoyos económicos que brinda la Federación a personas de comunidades marginadas, no representan una solución para frenar la penetración de los cárteles en esos espacios, pues no es que esas personas decidan formar parte de esos grupos por falta de dinero, sino porque son coaccionados.
“Esta penetración en la vida cotidiana no se solucionará con una política social de corte universal dirigida a los jóvenes, o adultos mayores o mujeres, en moneda, que no compite con esa coacción que está puesta en los diferentes contextos en donde vive la gente más pobre de este país”, dijo.
Por su parte, el rector del ITESO, Alexander Zatyrka Pacheco, consideró preocupante la ausencia de “referentes de humanidad” que terminaba por establecer ciertos límites a la violencia, la cual hoy está desbordada y normalizada.
Por ello, apuntó que es necesario presionar a todas las autoridades para que actúen y combatan desde la raíz este fenómeno, en lugar de seguir la narrativa de división y polarización que solo beneficia a la clase política.
“Es evidente que a futuro estos colectivos políticos no actuarán si no hay suficiente presión de la sociedad civil, no podemos seguir esperando a que los partidos tomen conciencia y se pongan a actuar”, dijo.
Los rectores del Sistema Universitario Jesuita reiteraron que no cesarán de exigir una investigación exhaustiva que no lleve a verdades a medias o construidas, sino que realmente permita identificar a los responsables, la causa del crimen, y sobre todo, den garantías de no repetición.
