Guanajuato.- La Fiscalía de Guanajuato maquilla cifra de homicidios dolosos para sostener el discurso de que se está disminuyendo la incidencia de este delito, afirmó Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de la organización Causa en Común.
“Tenemos una situación muy grave en la que se está buscando sostener discursos a base de números maquillados, y eso es muy grave porque merma la confianza de las instituciones, y que no deberían estar a merced de este tipo de objetivos toda vez que los números nos sirven para conocer la realidad, pero también como insumo de políticas públicas”, dijo.
Lo anterior luego de que el INEGI revelara que en el 2022 hubo más de mil muertes adicionales por homicidios, que las reportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).
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Canjura Luna indicó que hay diferentes hipótesis para explicar cómo las fiscalías pueden ocultar homicidios dolosos para que en los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se simule una reducción en la incidencia.
Una de ellas es aprovechando ciertos vacíos que hay en el manual de llenado de información delictiva, que contiene un apartado denominado “otros delitos contra la vida”, el cual nunca ha quedado claro qué delitos se incluyen ahí que no entran en las categorías de homicidios, lesiones o feminicidios.
En el caso de Guanajuato, en el 2022 el Secretariado Ejecutivo reportó 1 mil 652 víctimas de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, pero que no se tratan de homicidios dolosos, ni culposos, ni feminicidios, ni lesiones, ni abortos.
Otra forma de maquillar los homicidios dolosos es reportándolos como culposos, pero también al no actualizar las cifras de este delito al encontrar en fosas clandestinas cuerpos o restos de personas desaparecidas.
“Puede ser a través de la cifra de personas desaparecidas y no localizadas, que si bien no es que las consideremos como personas sin vida, este estatus de desaparecido es un estatus que se encuentra en un limbo legal que permite también que allí entren muchas de estas víctimas de homicidio doloso y que no son reportadas como tal”, dijo.
La maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM sostuvo que este fenómeno es reflejo de lo rebasadas que están las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, pero también de la falta que hace tener instancias que se encarguen de verificar la información que reportan las fiscalías locales y la federal.
“Lo que hemos detectado que se requiere es una mayor vigilancia y una auditoría sobre la información que manejan las fiscalías, pero también de sus avances, cómo se ejerce su presupuesto, la situación de su personal, y ese es un trabajo que le corresponde al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, dijo.
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