Una vez que la agresión dolosa contra Alejandro Maldonado Medina a manos de policías preventivos de León, no dio para una condena por homicidio calificado, el Ministerio Público deberá investigar a todos los funcionarios y personal municipales que hayan estado en contacto con él bajo la obligación de resguardar su integridad, como detenido, para deslindarles responsabilidad por homicidio culposo.
En el caso judicial de la muerte de este hombre, ocurrida en los separos policiales, en que se desvaneció la imputación de homicidio calificado y sólo queda por perseguir un homicidio culposo, la investigación que lleva ahora el Ministerio Público está orientada a la médica legista municipal que habría, omitido por presunta negligencia, auscultar y dar atención al detenido, pero además el oficial calificador que ordenó el ingreso a separos de quien estaba herido grave y no se le procuró atención.
La responsabilidad penal podría alcanzar incluso a otros empleados municipales, como custodios, que lo tuvieron en separos y bajo vigilancia mientras Alejandro agonizaba.
Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia señalaron este martes que una vez sentenciados los policías sólo por lesiones graves y no por homicidio calificado, como era la imputación original, se dará celeridad a la investigación del homicidio por culpa.
Si se reunen suficientes datos de prueba, se procederá a ejercitar acción penal contra quienes resulten responsables entre los funcionarios y custodios y cuanta persona estuviera obligada a resguardar la integridad del detenido, según reconocieron.
Los cuatro policías sentenciados, por su parte, fueron condenados a la destitución (que ya había sido realizada por la Presidencia Municipal), a la suspensión de sus derechos políticos por el mismo tiempo que durará su condena a tres años de trabajo en favor de la comunidad.
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