Guanajuato es el estado donde se estima que menos personas que han tenido contacto con alguna autoridad gubernamental, han sido víctimas de corrupción, de acuerdo con el Inegi, quien señala que 9 de cada 10 adultos a nivel nacional consideran que la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados del gobierno estatal.
Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre, el Inegi dio a conocer datos de las últimas encuestas realizadas con relación a la corrupción en México.
De ellas se desprende que, a nivel nacional, el 14.6 por ciento de la población adulta en contacto con algún servidor público en 2017 experimentó algún acto de corrupción. En Guanajuato, la cifra fue del 9 por ciento, posicionándose como la entidad con menor prevalencia, mientras que el mayor registró lo tuvo la Ciudad de México, con 20.1 por ciento.
Los ámbitos donde se presentaron actos de corrupción con mayor frecuencia fueron en la interacción con autoridades de seguridad pública y en los trámites relacionados con el acceso a la justicia, principalmente al realizar algún trámite o dar seguimiento a un asunto en el ministerio público o ante juzgados por algún conflicto legal.
Muestra de lo anterior es que 6 de cada 10 mexicanos fueron víctimas de un acto de corrupción cuando interactuaron con policías u otras autoridades de seguridad pública, ya sea por incidentes de tránsito, infracciones o algún tipo de detención.
En el caso de las empresas víctimas de corrupción, Guanajuato fue el tercer estado con menor registro, con 2.4 unidades económicas que pagaron una ‘mordida’ por algún trámite por cada 100 empresas. El más alto fue la Ciudad de México con 11.2 de cada 100 unidades económicas victimizadas.
Donde fueron más susceptibles de ser víctimas de corrupción fue al solicitar algún trámite o permiso federal o municipal, necesario para su operación, tales como una licencia o permiso de construcción o de uso de suelo, un permiso para importar o exportar, o en la atención de alguna inspección requerida por parte de una autoridad.
De acuerdo con el Inegi, el costo promedio de los sobornos por unidad económica se estimó en 12 mil 243 pesos, mientras que cada persona víctima de corrupción pagó por este concepto alrededor de 2 mil 273 pesos.
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