Por mayoría y con voto de calidad la comisión de gobierno en el ayuntamiento leonés aprobó establecer una sanción de 10 años de inhabilitación y una multa de 232 mil 500 pesos para el excontralor y exdirector de desarrollo institucional J. Cruz Hernández Moreno que de acuerdo a la investigación de la Contraloría se liquidó por su último cargo con 72 días por prima de antigüedad.
La dirección de Asuntos Jurídicos expuso que la causa de la instauración del procedimiento de responsabilidades administrativass se deriva de que el exfuncionario aceptó y recibió indebidamente beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables a las que tenía derecho a percibir en razón de su cargo, considerando como beneficio un pago de 93 mil pesos solo como motivo de la terminación de su cargo el pasado 10 de Octubre del 2012 al 9 de Octubre del 2015, con lo que se considera un beneficio económico o patrimonial y un daño al erario público pues integró su liquidación de 09 de Octubre del 2009 al 10 de Octubre del 2012 entre otros, 72 días de prima de antigüedad por 12 días por año de trabajo.
Luego de presentar el sustento legal y las razones por las cuales se considera que cometió una falta grave, la Dirección Jurídica dejó en manos de los integrantes de la comisión de gobierno la decisión y de inmediato comenzaron las posturas en contra primero de que se decidiera en ese momento la sanción sin un análisis previo del caso pues el regidor priísta Salvador Ramírez Argote señaló que no tenían conocimiento del expediente hasta unas horas antes y debían revisar detalladamente la investigación de la contraloría pues de otra forma sería una decisión irresponsable.
Su propuesta fue respaldada por una petición de aplazamiento del caso, que hizo el regidor del PES Jorge Cabrera y al igual apoyada por el regidor del Partido Verde Sergio Contreras, no obstante el regidor panista Salvador Sánchez acusó a su compañero priísta de tratar de desviar la atención en este tipo de asuntos.
La discusión subió de tono aún más cuando el regidor panista Alejandro Alaniz fue quien propuso el tiempo de inhabilitación y el monto de la multa, por lo que de inmediato el edil priísta Salvador Ramírez Argote lo metió en aprietos exigiéndole una explicación jurídica de su propuesta.
Finalmente refirió que al término de la administración de Ricardo Sheffield había un acuerdo que establecía un bono para los exfuncionarios y ese tema es el que se habría cobrado en ultimo período, no obstante el Srio. Del ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez le recordó que en la redacción del documento de finiquito dice que los 72 días son por prima de antigüedad.
