El juicio por el llamado “caso Nóos” inició hoy en Palma de Mallorca, en el Mediterráneo español, contra 18 personas por delitos de corrupción, entre ellos la infanta Cristina de Borbón y su esposo Iñaki Urdangarin.
El tribunal está presidido por la magistrada Samantha Romero, y sus compañeras Rocío Martín y Eleonor Moyá, acompañadas del letrado de Justicia, Luis Márquez de Prado, y se prevé que el juicio se prolongue hasta fines de julio.
En este caso, el esposo de la infanta Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres son los principales acusados, al encabezar el Instituto Nóos, dedicado a la organización de actividades deportivas y a través de las que se realizaron operaciones que dieron lugar a esos delitos.
En concreto se trata de actividades con los gobiernos de Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y otros, a través de los que se transferían fondos públicos.
Los delitos por los que se les acusan son malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, prevaricación y fraude fiscal.
En tanto, Cristina, la hermana de Felipe VI está acusada como “cooperadora necesaria” de dos delitos fiscales cometidos presuntamente por su esposo en 2007 y 2008.
El juicio se realiza en la Escuela Balear de Administración Pública en Palma de Mallorca, situada dentro del polígono industrial Son Rossinyol, que es custodiado por 200 agentes de policía en medio de una fuerte expectación mediática.
En esta jornada inicial no se prevén intervenciones de los acusados, sino la tramitación de las llamadas cuestiones previas sobre procedimientos del juicio, y está previsto que la defensa de la infanta pida se le aplique una doctrina que le permita no volver asistir al juicio.
La instrucción del caso permitió a la defensa de la infanta evitar que se le acusara de delitos de lavado de dinero, por lo que sólo quedaron los delitos fiscales que sostiene una parte acusatoria, el sindicato de extrema derecha “Manos Limpias”.
Por ello, la defensa de Cristina de Borbón, que encabeza el constitucionalista Miquel Roca, pedirá en la sesión de este lunes le sea aplicada la llamada “Doctrina Botín”, a fin de evitar su presencia en lo que resta de juicio.
Se trata de una jurisprudencia aplicada en 2007 al entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, acusado junto a otros directivos de la entidad de operaciones irregulares de crédito por una asociación de defensa de usuarios de la banca.
En ese caso, la Audiencia Nacional y después el Tribunal Supremo avalaron que Botín no podía ser llevado a juicio si solo la llamada acusación popular sostiene los cargos, pero no así ni la Fiscalía ni la parte afectada (en ese caso Hacienda).
Para el caso de la infanta Cristina, ni la Fiscalía, ni Hacienda, ni la Abogacía del Estado la acusan de nada, y sólo la acusación popular de Manos Limpias le sostiene los cargos, por lo que en ese sentido su defensa pedirá se beneficie de esa jurisprudencia.
