La fiscalía brasileña que investiga la red de corrupción vinculada a la petrolera Petrobras sospecha que los negocios de la estatal en el extranjero también podrían haber sido afectados por el pago de propinas, y pretende fiscalizar los contratos de la empresa en diez países.
La fiscalía sospecha que transacciones de Petrobras en Paraguay, Uruguay, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Japón, Estados Unidos y Namibia podrían haber sido sobrefacturadas con el objetivo de pagar propinas ilícitas a directores de la empresa y partidos políticos.
Entre las operaciones sospechosas destaca la venta por 110 millones de dólares de la refinería de San Lorenzo, en Argentina, que habría sido sobrefacturada en un diez por ciento para pagar propinas a intermediarios, entre ellos políticos del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), socio en el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
En curso desde abril de 2014, la Operación Lava Jato (“Operación Limpieza”, en portugués) investiga el desfalque de cientos o incluso miles de millones de dólares desde la petrolera estatal Petrobras por parte de partidos políticos, empresarios e intermediarios.
Considerada por el fiscal general de Brasil como el mayor caso de desvío de dinero de la historia del país, decenas de empresas y ejecutivos fueron imputados, mientras 54 políticos –entre ellos los presidentes del Congreso y del Senado- están siendo investigados por su supuesta implicación.
