“No puedes tener al enemigo en casa”, fue lo que dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, sobre los apoyos que ha brindado el gobierno del estado a Héctor González y a Roberto Zermeño, quienes litigaron en contra del Municipio y ganaron la propiedad del Estadio León.
Sobre los apoyos entregados por la Secretaría de Desarrollo Económico a empresas de Héctor González, Sánchez Castellanos indicó que la administración estatal debió haber replicado lo que realizan algunos organismos federales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT): condicionar los beneficios o estímulos a cambio de desistir de litigios en su contra.
“No puedes tener al enemigo en casa tampoco, o sea, si una persona escoge litigar en contra del gobierno, pues es una práctica común, incluso en el gobierno federal se da mucho, de que si el gobierno te da alguna facilidad o te da alguna condonación, algún estímulo, tú te tengas que desistir de esos pleitos, entonces yo creo que debió haberse aplicado algo similar”, explicó.
Por lo anterior, apuntó que en el gobierno del estado hace falta tener un protocolo en donde se establezca qué procede en este tipo de casos.
Además, criticó que la administración de Miguel Márquez haya decidido reservar la información relacionada a los apoyos dados tanto a empresas nacionales como extranjeras, pues consideró inválido el argumento de que su difusión pondría en riesgo negociaciones vigentes o futuras con otros inversionistas.
“Normalmente nosotros siempre estamos en contra de la reserva de información, me parece que se ha hecho un abuso en general de la reserva de información y se ha convertido en un recurso que muchas autoridades recurren para evitar la crítica o para evitar el escrutinio público, yo creo que la Ley de Acceso a la Información debe ser reformada, disminuir los plazos de reserva y las causales”, dijo.
Sobre Roberto Zermeño, quien ocupa un cargo en la nómina estatal, Sánchez Castellanos comentó que es una situación más complicada porque se trata de una relación laboral, aunque indicó que existe un protocolo para rescindir una relación laboral por no convenir a los intereses del patrón, como en este caso ocurre entre Zermeño y el gobierno del estado.
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