El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció hoy un par de acciones para aliviar la situación de 70 millones de personas con antecedentes criminales en el país, que registra el mayor número de presos en el mundo.
En un acto este lunes en la Universidad de Rutgers, en el estado de Nueva Jersey, Obama prometió que el gobierno federal evitará considerar los antecedentes criminales de una persona en sus ofertas de trabajo, hasta ahora un impedimento para obtener empleo público.
El presidente también presentó una serie de apoyos financieros, aunque no aclaró los montos, para impulsar programas educativos, de salud, de cuidado infantil, ayuda legal y capacitación laboral para exconvictos.
“Necesitamos asegurarnos de que los estadunidenses que han pagado su deuda con la sociedad puedan obtener una segunda oportunidad”, expresó.
Obama indicó que aunque ambas acciones pueden ser tomadas como medidas ejecutivas, existe un esfuerzo dentro del Congreso para aprobar una ley a fin de eliminar el veto a personas con antecedentes criminales en ofertas de trabajo federales.
El presidente dijo que varias empresas han eliminado ya ese veto, al igual que 19 entidades de Estados Unidos, lo que apunta a que eventualmente esto se convertiría en la norma.
Señaló que no pedía que se ignoraran los antecedentes criminales de una persona al momento de ofrecer un empleo, pero que esto no se considerara como un elemento para eliminar a un candidato de manera automática.
De acuerdo a cifras oficiales, Estados Unidos mantiene 2.2 millones de personas en prisión, y su tasa de encarcelamiento es la mayor en todo el mundo. En total, el gobierno destina hasta unos 80 mil millones de dólares anuales para mantener a su población carcelaria.
“Contamos por el cinco por ciento de la población mundial, pero tenemos el 25 por ciento de reos. Y estos son de manera desproporcionada negros y latinos”, lamentó este lunes Obama.
Sostuvo que la falta de empleos para estas personas es negativo tanto para las personas con antecedentes criminales, y sus familias, como para las comunidades donde radican y, finalmente, para la economía de Estados Unidos.
Las medidas “son buenas para todos. Significan menos crímenes, menos tasas de reincidencia, menos dinero destinado a las prisiones, menos recursos de los contribuyentes gastados, menos policías arrestando a las mismas personas una y otra vez, y más jóvenes trabajando”, dijo.
Jeffery Robinson, subdirector legal de la Unión para las Libertades Civiles Estadunidenses (ACLU), celebró el anuncio del presidente y declaró su esperanza de que el Congreso se una a la lucha para terminar el “cruel ciclo del encarcelamiento masivo y pobreza”.
El representante legal precisó sin embargo que la eliminación del veto en el gobierno debería también extenderse a los contratistas federales.
