El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ofreció una disculpa pública a las 324 personas, en su mayoría menores de edad, que padecieron violaciones a sus derechos humanos durante su estancia en albergues pertenecientes a la Ciudad de los Niños Salamanca A.C.
Tras las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que advierten violaciones que incluyen tortura y violencia sexual, en sesión extraordinaria del Consejo del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato (SIPINNA), el mandatario estatal se pronunció y reconoció que dichos excesos fueron tolerados por varias administraciones estatales.
“Acepto las medidas recomendadas para hacer frente a la responsabilidad que se ha adquirido, manifestando mi compromiso para dar efectivo cumplimiento con un estricto apego a un marco constitucional y convencional en aras de reparar integralmente las consecuencias de los daños ocasionados a las víctimas, ofrezco una disculpa a las 324 víctimas que sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos en las casas hogar administradas por la Ciudad de los Niños Salamanca, que con tolerancia de varias administraciones estatales sufrieron afectaciones en el goce de sus derechos”.
Entre las acciones que incluye el mandatario estatal para acatar las recomendaciones, destaca el quitar el registro de este albergue ante las autoridades.
En su momento, Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños, hizo un reconocimiento a la postura asumida por el gobierno de Guanajuato, pues dijo es un parteaguas en la forma en la que suelen enfrentar los gobiernos estatales estos problemas y manifestó su voluntad de acompañar a la autoridad en este proceso.
El funcionario lamentó que las autoridades locales suelan remitir al DIF este tipo de problemas que solo plantean una solución asistencialista y no una solución jurídica de fondo a este problema y expresó du deseo aunque no será pronto de que haya una “desinstitucionalización total” en el tratamiento de los problemas de maltrato de niños y niñas para garantizar el pleno disfrute de sus derechos porque todos tienen derecho a una familia y no solo a la garantía de que no serán maltratados.
Tal como ocurrió con las recomendaciones de la CNDH, la postura del Estado no incluyó alusión alguna a la actividad del padre Pedro Gutiérrez Farías, quien registró con sus apellidos a 169 menores.
No obstante, en su momento, la titular de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, Teresa Palomino dijo que se trabaja con la restitución de derechos de 72 menores aunque no se dijo que pasará con los otros 97 niños y niñas.
