La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó la extensión del catálogo de delitos a los que se aplica la prisión preventiva oficiosa aprobada ayer por el Congreso de la Unión.
En un boletín de prensa se detalló que la ONU-DH está consciente de los serios retos que enfrenta el Estado mexicano en materia de seguridad y violencia.
Sin embargo, los mencionados desafíos que lesionan severamente a la población deben enfrentarse bajo un régimen de respeto irrestricto a los derechos humanos.
Señala que la prisión preventiva como tal es una figura permitida por el derecho internacional siempre y cuando se determine su pertinencia por la autoridad judicial de manera individualizada caso por caso.
De esta forma es la prisión preventiva “oficiosa” la que resulta irreconciliable con los derechos humanos pues automatiza el encarcelamiento de todas las personas acusadas por un determinado delito, sin permitir que el juez decida en cada caso según las circunstancias del mismo.
Es por eso que existe incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado mexicano es manifiesta.
Se trata de una figura que favorece el injusto encarcelamiento de las personas, lesiona el derecho a la libertad personal, violenta la presunción de inocencia, vulnera el derecho a la defensa adecuada, trastoca la independencia judicial y favorece la tortura y los malos tratos.
La prisión preventiva oficiosa, además de ser una herencia negativa del sistema penal inquisitivo, debilita las capacidades de investigación del delito, la adecuada implementación del sistema penal acusatorio y la construcción de un auténtico Estado democrático de derecho.
La ONU-DH instó al Estado mexicano a favorecer la instrumentación de medidas alternativas a la privación de la libertad para las personas que no han sido condenadas en juicio, robustecer a la defensoría pública, combatir el retraso en los procesos judiciales, fortalecer la independencia judicial, mejorar las condiciones de detención y garantizar el derecho a la reparación integral a toda persona que haya sido injustamente encarcelada.
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