Cada regidor de León recibe mensualmente 20 mil pesos, los cuales destinan a una partida de apoyos sociales y dichos recursos quedan disponibles para todos los ediles busquen o no una reelección, por lo que el uso de estos recursos públicos quedan sin mayor fiscalización que la establecida en los lineamientos ya marcados para la entrega de algún apoyo.
Al consultar al contralor Leopoldo Jiménez Soto sobre la vigilancia en la distribución de estos subsidios, explicó que los ediles ya conocen perfectamente las reglas que deben seguir en la aplicación de estos recursos y que no se deben condicionar o distribuir con fines políticos, dijo que para poder conocer de este tipo de prácticas tendría que haber alguna denuncia ciudadana, lo cual no ha ocurrido hasta ahora.
“Eso dependerá de la denuncia que alguien actúe de forma irregular, condicionando los recursos públicos a un apoyo político, de eso no hemos recibido queja alguna o denuncia alguna, no solo en referencia a cuestiones relativas a regidores que estén participando en procesos electorales como candidatos, sino en general, nosotros dependemos de la denuncia para poder en un momento dado proceder”.
Dejó claro que eso no significa que el organismo fiscalizador del municipio no se mantenga vigilante de la aplicación y uso de los recursos públicos, además de que todos los servidores públicos, incluyendo todos los integrantes del Ayuntamiento, han sido informados de todos los lineamientos que deben de cumplir.
Leopoldo Jiménez señaló que siempre y cuando los ediles cumplan con los parámetros normales mediante los cuales ellos comprueban en qué utilizan ese tipo de apoyo, no hay mayor restricción para que continúen haciendo uso de la partida de apoyos que se les asigna cada mes.
En el caso de la regidora Ana María Esquivel Arrona, la partida que le correspondía de apoyos sociales por 40 mil pesos pidió que se traspasara este recurso a la Dirección de Atención Ciudadana para que sea esta dependencia quien utilice esta ayuda.
