En mesa de trabajo, funcionarios y diputados perfilaron las propuestas atendibles y las no atendibles de las planteadas en las reuniones con líderes de taxis tradicionales, plataformas de ejecutivos y usuarios de transporte privado.
Entre las propuestas más destacadas que pasarán a formar parte del dictamen final está la que define el transporte en plataforma, fundamental en la reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, que busca hacer la evolución del actual servicio de transporte ejecutivo a un modelo de libre mercado.
Alejandro Sierra Lugo, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno definió los alcances de este servicio.
“Aquel cuyo objeto es trasladar personas y sus cosas en vehículos que previamente se contrate mediante el uso de plataformas tecnológicas y este se caracteriza por ofertar dicho servicio exclusivamente a través de plataformas tecnológicas con una capacidad hasta para cinco personas incluido el conductor”.
También son atendibles las propuestas de puntualizar que la contratación de los servicios se deje de prever a través de dispositivos electrónicos para evitar la contratación fuera de la plataforma tecnológica; contemplar la cancelación del registro; mejorar la redacción relativa al tema de la póliza de seguro; y prever en las atribuciones de la unidad administrativa de Transporte que lleve el registro y control de los vehículos destinados a la prestación de transporte privado.
En ese sentido, Alejandro Sierra Lugo señaló que se podía definir el transporte privado; también, facultar a los inspectores a vigilar dicho servicio, definir el código de respuesta rápida QR, y que se cuente con un sistema para que los usuarios puedan incorporar quejas.
El diputado panista Rolando Fortino Alcántar Rojas insistió en que se incluya entre los requisitos para el registro a la plataforma el solicitar la carta de antecedentes no penales, con la finalidad de abonar más al tema de seguridad.
Sierra Lugo manifestó que pedir ese tipo de requisitos ya ha sido declarado inconstitucional; mientras que el legislador apuntó que no se trataba de un tema laboral porque no había una relación de ese tipo.
Otros puntos no atendibles fueron la inclusión del botón de pánico en las plataformas, determinar un número limitado de registro de vehículos, respeto a los espacios designados para los taxis y que el propietario del vehículo registrado sea el único que lo pueda conducir, entre otros.
