En Guanajuato, al menos 90 personas de un total de 104 que se desempeñan en el INE con actividades del servicio profesional electoral serían despedidas en caso de mantenerse el Plan B en la reforma electoral.
Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo del INE en la entidad, explicó que esto significaría la reducción del 86% de este personal.
El INE cuenta con cuatro tipos de trabajadores, pero la reforma solo afecta a los de servicio profesional y a los administrativos, puestos que serán reducidos al mínimo posible; actualmente en el Instituto en Guanajuato trabajan 621 trabajadores entre los cuatro modelos de trabajo.
En cuanto al personal administrativo se desconoce cuántos podrían perder su empleo con la reducción, ya que el análisis lo realizan las oficinas centrales de manera rigurosa.
“La reforma refiere al servicio profesional, tenemos en Guanajuato 104 personas en servicio profesional electoral, lo que dice la propuesta o lo que marca la ley es que deben quedarse solo 14 de los 104, en una junta distrital se conforman cinco vocales que son miembros del servicio, son el ejecutivo, secretario, capacitación, organización y registro, la idea es que de los cinco solo quede uno, y se convierta en vocal operativo”, comentó.
Referente a la Junta Local Ejecutiva de Guanajuato esta tendría una reducción al pasar de cinco a tres vocales, en cuanto a las juntas distritales serían remplazadas por 11 oficinas auxiliares.
Municipios como León pasarían de tener cuatro oficinas distritales a solo una oficina auxiliar, actualmente cada oficina en este municipio cuenta con 45 personas en diferentes actividades que también serían reducidas.
Advierten graves riesgos a operación del instituto
Jaime Juárez Jasso advirtió graves riesgos para la operación del instituto y una vulneración a la democracia si la reforma se mantiene como fue planteada.
“El INE a nivel nacional ha emprendido una estrategia de defensa jurídica, se ha basado estrictamente en el marco legal, a través de todos los medios a su alcance, yo hago énfasis en que el INE se basa en esto, el INE ya presentó a nivel institucional controversias para hacer patente todas las incondicionalidades que tiene el Plan B y que se conceda un amparo para que quede sin efectos hasta pasado el proceso electoral”, señaló.
Los mayores problemas se identifican en debilitamiento de la estructura del INE y su capacidad operativa, reconfiguración de procedimientos sin reglas claras, afectaciones al ejercicio del derecho ciudadano y modificaciones a las reglas de equidad de competencia.
Dichas modificaciones conducirían, a decir del vocal ejecutivo, a una parálisis institucional; hasta el momento ningún trabajador en Guanajuato ha presentado recurso de amparo en contra del Plan B.
El plazo para que se presenten recursos en contra de la reforma es el 1 de abril, posteriormente se darán las revisiones legales por las instancias y una vez concluido el periodo para recibir apelaciones que pudieran presentarse, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver la procedencia de la reforma el 2 de junio.
Para 2023, el INE en Guanajuato cuenta con un recurso de 317 millones 588 mil pesos, de los cuales 11 millones 500 mil pesos son para la operación de la Junta Local Ejecutiva.
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