Guanajuato, Gto.- Este día, el Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de extinguir la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
En la exposición de motivos, el grupo iniciante afirma que el combate a la corrupción tiene que ver con decisiones estructurales basadas en la prevención de conductas ilegales como el abuso contra el erario, el cohecho, la negligencia y otras, así como en la participación ciudadana, la observancia de las leyes y la racionalidad de las sanciones.
De igual manera, en el desarrollo de un sistema eficaz de rendición de cuentas horizontal, en el que el poder se disperse y no exista un monopolio legal de ninguna institución, y cada una de éstas sea individualmente responsable.
Sin embargo, consideran las y los diputados del GPPRI, en el ejercicio de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, quedó de manifiesto que el actual órgano de control del Poder Ejecutivo, denominado como Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, no colma las aspiraciones mencionadas.
En el documento presentado señalan que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas ha ejercido más de 347 millones de pesos en lo que va del sexenio, y tiene un gasto acreditado de 204 millones de pesos sólo en el ejercicio fiscal del año 2014. Cuenta con una plantilla de personal de al menos 320 servidores públicos, sin contar los contratos por honorarios que le costaron al erario más de 5 millones de pesos.
En contraparte, citan datos expuestos por la titular de la Secretaría en su comparecencia sobre el hecho de que en el año 2014 se inició un único proceso penal y ninguno civil. Recordaron que ante denuncia de actos indebidos al interior de la Secretaría de Obra Pública, aún no se da cuenta del inicio de procedimiento alguno de investigación para fincar responsabilidades.
“No obstante el tamaño de su estructura administrativa y los recursos financieros asignados, sus resultados son francamente inexistentes y nada satisfactorios para dar cumplimiento a las aspiraciones ciudadanas. Es incuestionable que un órgano cuya misión es combatir la corrupción y evitar la impunidad, al no arrojar resultados tangibles, medibles y que impacten eficazmente en dotar de certeza, legalidad y confiabilidad en el actuar de los servidores públicos, no aporte razones que justifiquen su existencia”, consideran.
También refieren la inminente aprobación en el Legislativo Federal del Sistema Nacional Anticorrupción, que delinea un nuevo esquema de fiscalización y rendición de cuentas, con sanciones más duras y la vigencia plena del principio de legalidad, en un esquema que las entidades federativas deberán reproducir y ajustar sus instituciones jurídicas y administrativas.
Ante ello y considerando los resultados obtenidos, es que las y los diputados del GPPRI proponen la extinción de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas por considerar que su desempeño ha sido inoperante y, por lo mismo excesivo, el consumo de recursos del erario, y sugieren como ruta idónea fortalecer las facultades del Órgano de Fiscalización Superior.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
