Del 10 de Octubre del 2015 al 22 de marzo del 2018 la administración de Héctor López Santillana recibió un total de 156 recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos de las cuales 68 han sido cumplidas y 88 aún están en proceso de cumplimiento, pero además el gobierno municipal pagó casi 3 millones de pesos por reparación del daño a víctimas de alguna violación a sus garantías.
El director general de gobierno, Marco Antonio García Monzón, detalló que de las recomendaciones cumplidas 45 corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública, 6 a Movilidad, 5 a Asuntos Internos, 3 del DIF, 2 a la Unidad de Transparencia, 3 de la Contraloría, 2 de Comercio y Consumo, 1 de la Dirección de Gobierno y 1 más de Obra Pública.
Dijo que en lo que corresponde a las recomendaciones en vía de cumplimiento 58 están en manos de Asuntos Internos, 10 de la Contraloría, 17 pendientes en la Secretaría de Seguridad Pública, 2 de Movilidad y 1 de la Dirección de Derecho de Vía.
Algunas de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos consisten también en el pago de reparación del daño a las víctimas o sus familiares.
Hasta el momento el municipio pagó 2 millones 829 mil 101.26 pesos en 4 casos por privación de la vida y 2 indemnizaciones por daño material y moral, dichos pagos se derivaron de expedientes a la Secretaría de Seguridad Pública.
Las recomendaciones emitidas del 10 de octubre al 22 de marzo del 2018 se derivan de expedientes iniciados en el 2016, 2017 y 2018, así mismo es importante destacar que en lo que va del año solo ha sido notificada una resolución más con dos recomendaciones para la secretaría de seguridad pública en el expediente 265/18-A.
El director general de Gobierno, Marco Antonio García Monzón, explicó que las recomendaciones en este caso corresponden, la primera en que se inicie o en su caso continúe el procedimiento administrativo correspondiente en contra de un elemento de Seguridad Pública por la violación al derecho a la integridad física.
La segunda recomendación indica que se capacite en materia de derechos humanos, interés superior de la niñez, uso racional de la fuerza, al personal operativo de la SSP.
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