La fracción del Partido Verde en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato que propone regular el funcionamiento de los establecimientos para el tratamiento de adicciones en la modalidad residencial.
En la exposición de motivos, el diputado Luis Gerardo Suárez Rodríguez señaló que en Guanajuato solo 13 establecimientos, en su modalidad residencial, son reconocidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones.
Precisó que, de acuerdo con la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios, a principios del año 2020, en la entidad existían 243 centros de rehabilitación mejor conocidos como anexos, de los cuales casi el 80% contaban con un procedimiento abierto respecto al cumplimento en lo dispuesto en la NOM-028-SSA-2009, y el resto eran nuevos o ya cumplían con lo establecido en la normativa.
“Excusas y declaraciones hay muchas por parte del gobierno federal y del gobierno del estado, tratando de justificar su ineptitud ante la inseguridad que vivimos, por lo que ante esta área de oportunidad, su servidor y mi compañera proponemos una adición al tema de tratamiento de las adicciones”.
El legislador recordó los hechos violentos que se han registrado en varios de los anexos que hay en la entidad y en los que han muerto jóvenes que ahí se encontraban recibiendo tratamiento entre los que destaca una masacre que dejó un saldo de 24 muertos.
La iniciativa contempla que, respecto a la supervisión de la Secretaría de Salud, esta deberá solicitar a estos establecimientos la información de las personas que se encuentran tratando sus adicciones, mencionando las altas y bajas, así como cuántos de estos realmente superaron su adicción, lo cual dijo, servirá para medir y poder implementar políticas públicas para la prevención, atención y tratamiento de las adicciones en el estado.
Refirió que dicha información también servirá como cotejo con la Fiscalía General del Estado, para saber si dentro de estos establecimientos hay personas que cuenten con un proceso abierto por la comisión de un delito.