Colectivos de ciclistas en León presentaron una demanda de amparo en contra del Ayuntamiento por el poco presupuesto que se destinó este año para la movilidad de peatones y quienes se mueven en bicicleta.
Benjamín González Millán, representante del Colectivo Planeta B, refirió que en el Presupuesto de Egresos del 2023, el 76.4 por ciento del recurso etiquetado para infraestructura vial está enfocado en favorecer a los automovilistas, mientras que solo el 23.6 por ciento es para movilidad no motorizada.
Esto significa que serán destinados 315 millones de pesos para obras en favor de los autos, mientras que para el transporte público solo se usarán 81 millones, además de 9 millones para ciclistas y 6 millones de pesos para infraestructura peatonal.
Subrayó que esto contraviene la pirámide que jerarquiza la movilidad que pone en primer lugar a los peatones, seguido por los ciclistas, el transporte público, el transporte de carga, y hasta el final, a los vehículos motorizados particulares.
Por ello, el activista Juan Pablo Delgado, quien es el representante legal de Colectivo Urbe y Planeta B, agrupaciones que interpusieron el amparo, explicó que son dos actos los que se reclaman.
En primer lugar, la aprobación del Presupuesto de Egresos 2023 por priorizar a los autos sobre la movilidad no motorizada, y en segundo, la modificación al programa de gobierno 2021-2024 que recortó las metas en temas de polígonos de bici pública y terminales del Sistema Integrado de Transporte.
“Se busca restituir el plan de gobierno en sus metas de movilidad, y al mismo tiempo que se reestructure el Presupuesto de Egresos 2023 para cumplir con las directrices que están incluidas en la legislación”, dijo.
El plan trienal originalmente contemplaba el desarrollo de dos polígonos para el Sistema de Bicicleta Pública y dos terminales del Sistema Integrado de Transporte, y ahora solo se prevé la realización de uno en cada tema.
Benjamín Ramírez señaló también que ampliar la infraestructura para autos termina por generar un fenómeno llamado “demanda inducida”, es decir, al final no soluciona el problema del tráfico.
“Lo que se genera es un efecto que se llama demanda inducida, que indica que al expandir carriles, se alivia el tráfico temporalmente pero la gente intuye que es más fácil acceder a este tipo de movilidad y deja a un lado los diferentes tipos de movilidades, a la larga lo que genera es el mismo tráfico o peor, y eso es algo muy bien documentado por universidades de Estados Unidos”, dijo.
Juan Pablo Delgado destacó que el amparo contra la distribución del presupuesto en temas de movilidad es el primero de su tipo que se presenta en el país, y con él también se busca que a nivel municipal se realicen las reformas necesarias para evitar que se repita esta situación en los siguientes presupuestos de egresos.
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