Asesorados por el Partido Verde, empleados del C4 presentaron este martes una denuncia penal en contra del alcalde, del secretario de Seguridad Pública y de otros ocho funcionarios por omisiones y negligencias que derivaron en un brote de covid-19 en dicha área.
Socorro Espino y Carem Ayala, quienes trabajan en el C4, narraron los obstáculos que enfrentaron al interior de la dependencia para poder hacerse la prueba del covid-19 y cómo de forma sistémica sus superiores minimizaron sus síntomas.
Socorro, quien dijo tener síntomas desde el 12 de mayo, pudo realizarse la prueba hasta 9 días después, mientras que Carem la hizo el 22 de mayo, cuando desde una semana antes había manifestado signos de la enfermedad.
Sin embargo, ellas a su vez contagiaron a familiares: Socorro transmitió el virus a sus dos hijos, a sus papás y a dos de sus hermanas, mientras que Carem contagió a sus papás, a su esposo y sus dos hijos, a una hermana y a dos sobrinos.
Por lo anterior, Alfredo Pérez, dirigente del Partido Verde en León, indicó que 9 empleados del C4 y la hija de un trabajador de esta área que también está intubado en terapia intensiva por covid-19, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de peligro de contagio.
La denuncia va dirigida contra el alcalde, Héctor López Santillana; el secretario de Seguridad, Mario Bravo, el director del C4, Víctor Aguirre; directora de Normatividad Laboral y Relaciones de Trabajo, Martha Vera, y 6 funcionarios más del C4.
“Esta contingencia de covid-19 en el C4 solamente ha destapado la cloaca que existe con el personal directivo de esta institución, donde sus empleados viven bajo una constante amenaza, un clima laboral de terror, donde han sido violentados sus derechos humanos, tanto laborales como de salud. Efectivamente han sido obligados a usar módulos de otras personas que fueron contagiadas, les han negado asistir a revisión médica, no cuentan con material de protección”, dijo.
Asimismo, fue presentada una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y una denuncia en la Contraloría municipal en contra de los referidos servidores públicos.
En tanto, la regidora del Partido Verde, Fernanda Rentería, recordó que el Ayuntamiento autorizó destinar 60 millones de pesos para tomar diversas medidas en la administración municipal para evitar contagios del coronavirus, por lo que esta situación refleja fallas en su ejecución.
“No pueden decir que es una cuestión de presupuesto ni falta de interés, creo que se ha estado dando y dónde está la ejecución, creo que aquí se ha estado fallando muchísimo en la ejecución de los recursos y esto nos habla de una falta de calidad humana porque lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos a nosotros y a los nuestros”, dijo.
