En Guanajuato, la probabilidad de que un delito sea esclarecido es de solo 4.25 por ciento y, sin embargo, es la entidad que tiene el mayor porcentaje de posibilidades, mientras que Guerrero y Tamaulipas es donde la probabilidad de esclarecimiento es aún menor al 0.3 por ciento.
Lo anterior de acuerdo con el Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2018, elaborado por las organizaciones civiles Impunidad Cero y Jurimetría, y coordinado por Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, doctor en Derecho con especialización en Sociología del Derecho por la UNAM.
Al igual que en la edición 2017 del estudio, Guanajuato aparece ubicado en el cuarto sitio del citado índice, en el cual se toman en cuenta 23 variables segmentadas en ocho indicadores: uno de operatividad, dos de estructura y cinco de resultado. El primer lugar nuevamente lo ocupa Chihuahua y el último, Puebla.
Según la investigación, ninguno de los estados está cerca de los estándares óptimos y se reporta que la impunidad en homicidio intencional y el tiempo medio para denunciar un delito han tenido un claro retroceso respecto al año pasado.
Por ejemplo, en Guanajuato, en promedio 7 de cada 10 homicidios dolosos quedan impunes, pero aún así ocupa el lugar 22 en impunidad, al estar por debajo de la media que es del 83.4 por ciento. En Oaxaca, solo son esclarecidos 3 de cada 100 asesinatos, y en Guerrero 4 de cada 100, mientras que, del lado opuesto, en Yucatán el nivel de impunidad en homicidios dolosos es de solo 26 por ciento.
En el rubro de tiempo de atención, Guanajuato ocupa el octavo lugar al atender a un denunciante en 1 hora 43 minutos, cuando la media nacional es de 2 horas con 14 minutos. Sin embargo, el propio estudio advierte que el tiempo de atención no depende tanto de la disposición de recursos como podría pensarse, sino del modelo de atención a los usuarios.
El dato más preocupante que arroja el estudio es, sin duda, la baja probabilidad de que un delito sea esclarecido en México que es de 1.14 por ciento.
Es decir, el cuello de botella del sistema de justicia penal, el corazón de la impunidad y de la escasa capacidad de disuasión penal del Estado, está en el ámbito de la procuración de justicia”, se señala en el estudio.
En Guanajuato la probabilidad es del 4.25 por ciento, estimado que se obtiene al cruzar la proporción de delitos denunciados con inicio de investigación, que es del 8.3 por ciento, con la efectividad de investigación (tanto el sistema inquisitivo como en el sistema acusatorio), que es del 51.3 por ciento, el porcentaje más alto del país.
El estudio aclara que efectividad corresponde al hecho de que el Ministerio Público determine si existe o no una conducta delictiva que perseguir y un probable responsable. En el sistema penal tradicional, esto implica el ejercicio de la acción penal, el no ejercicio de la acción penal e incompetencias, mientras que en el nuevo sistema de justicia penal, significa la facultad de abstenerse de investigar, criterios de oportunidad, acuerdo reparatorio de MASC (Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias), no ejercicio de la acción penal, incompetencia, sobreseimiento y formulación de la imputación u otra modalidad de judicialización
Este “alto” porcentaje de efectividad en Guanajuato se debe a dos factores, una buena implementación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) y también en parte al porcentaje de órdenes de aprehensión cumplidas que es del 63.8 por ciento, cuando la media es del 49.7.
Sin embargo, esta entidad presenta una alta proporción de condenas menores a tres años de prisión -84.3 por ciento- a pesar de que canalizan una gran proporción de sus cargas de trabajo a los MASC y cabría esperar que llegaran a sentencia sólo los casos de mayor complejidad o los delitos de mayor impacto social.
Dentro de la revisión de las políticas de persecución se podría hacer un muestreo de casos y analizar en la sala de audiencias si la evidencia de la investigación y la argumentación cuentan con solvencia al acreditar ante los jueces las agravantes o calificativas en los delitos de alto impacto”, refiere el estudio.
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