La iniciativa “anti-halcones” que propuso la fracción del PAN en el Congreso del Estado contempla no solo castigos de cárcel hasta por 5 años a civiles sino sanciones que incluyen destitución, inhabilitación como servidores públicos y penas de hasta 9 años de prisión para funcionarios públicos que faciliten información para la realización de conductas delictivas.
En la exposición de motivos, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá explicó que la reforma contempla sancionar a los servidores públicos que incurran en dicho delito con 3 a 9 años de prisión y de 30 a 90 días de multa, además de la destitución e inhabilitación para desempeñar cargo, empleo o comisión públicos, hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
En caso de que el servidor público labore en una institución de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, se le sancionará de 4 a 10 años de prisión, y de 40 a 100 días de multa, así como la destitución e inhabilitación definitiva para desempeñar cargo.
De igual forma, precisó que quien sin causa justificada aceche, espíe, vigile o realice actos tendientes a obtener o proporcionar información a algún integrante de una agrupación delictiva sobre las actividades oficiales, o personales que realicen o pretendan realizar los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública, con la finalidad de entorpecer o evitar el cumplimiento de sus funciones, ocasionarles un daño o cometer un delito, se le impondrá prisión de 2 a 5 años y de 20 a 50 días multa.
Márquez Alcalá dijo que el fenómeno del halconeo se ha dado en Guanajuato a partir del operativo “Golpe de Timón” que ejecutan fuerzas estatales y federales en Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán.
Detalló que las penas máximas se aplicarían cuando este delito sea cometido por exintegrantes de las instituciones de seguridad pública, se utilice a menores de edad o a quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, y cuando se utilicen equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos de los canales de comunicación oficiales de instituciones de seguridad pública.
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