Papás de Víctor Ricardo Briseño Rangel, uno de los cinco trabajadores que murieron mientras laboraban en una planta de SAPAL, consideraron que es una burla que la paramunicipal busque indemnizarlos con apenas 30 días de sueldo, cuando su hijo murió por negligencia del organismo operador del agua.
En conferencia de prensa, sostuvieron que el fallecimiento de Víctor y los otros cuatro empleados se debió a las malas condiciones del módulo de desbaste de la planta de tratamiento municipal.
Muestra de ello es que días previos al incidente ocurrido la noche del 13 de noviembre hubo una fuga que, debido a las pésimas condiciones que tenían las tuberías, no pudo ser reparada, aseguró Luis Ángel Briseño, hermano de Víctor.
“Desde dos meses antes que inicia la entrega-recepción entre Ecosys y SAPAL hay reportes, tanto en su computadora como en su teléfono. El 9 de noviembre hubo el reporte de una fuga, tenemos el video de cómo se ve el vapor de gas saliendo. El miércoles (11 de noviembre) intentan hacer la reparación de la fuga y no se pudo reparar por el deterioro que tenía la tubería, y hasta el viernes 13 es cuando ya no se puede controlar y se da la intoxicación por este ácido”, dijo.
Sin embargo, criticaron que a pesar de eso, SAPAL ofrece reparar el daño con solo 30 días de salario, y busca que el finiquito y seguro de vida también sean tomados en cuenta como indemnización otorgada por la paramunicipal, cuando en realidad es lo que les corresponde por ley.
“No se vale que jueguen con el dolor de las personas, él daba amor por su empresa, nunca llegó tarde, siempre respetó su trabajo, entonces esto es una burla porque mi hijo siempre adoró su trabajo”, dijo Elvira Rangel, madre de Víctor.
En total, según relataron los deudos de Víctor Ricardo, SAPAL les ofrece 174 mil pesos por concepto de liquidación, prima de antigüedad, fondo de ahorro, aguinaldo, prima vacacional y días de vacaciones no gozados.
Adicionalmente, la paramunicipal a cargo de Enrique de Haro les ofrece 30 días de salario a modo de indemnización, lo cual calificaron como una burla, al igual que el hecho de que se les quiera rebajar 1 mil 500 pesos de la cantidad antes mencionada para cubrir el costo de los uniformes que utilizaba su hijo.
Por lo anterior, indicaron que buscarán asesoría legal para verificar qué acciones emprender al respecto, pero también hicieron un llamado a la Secretaría del Trabajo y a Protección Civil para que revisen las instalaciones de la planta y no se repita la tragedia del 13 de noviembre.