Guanajuato.- El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) dio la razón a la síndica del Ayuntamiento de Cortazar, Ana Isabel Aguilar, que reclamó violencia política en razón de género cometida por el alcalde panista Ariel Corona, y otros servidores públicos de ese municipio por diversos actos.
Entre otros hechos, denunció que no le dotaron de oficina ni personal de apoyo. También, le negaron la licencia por maternidad y le impidieron realizar actividades a distancia y no implementaron ajustes para compensar las dificultades que podrían surgir por su estado.
“Se impusieron diversas multas, así como medidas de reparación, porque de las pruebas se demostró que los hechos ocurrieron desde su toma de posesión y al menos, hasta siete meses después, y éstos se agravaron por su embarazo; demostrando que las personas servidoras públicas responsables los realizaron de manera continua y sistemática, lo que dañó el ejercicio del cargo de elección popular de la denunciante”, señala un comunicado del TEEG.
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En la sesión del Tribunal, la magistrada Dolores López Loza habló de los resolutivos que derivó en una sanción económica para el alcalde y otros 8 funcionarios.
“Se ordena a la secretaría general de este tribunal remita copia certificada de esta resolución al Instituto Electoral a fin de que realice el trámite atinente para la inscripción de las responsables en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia de violencia política contra las mujeres en razón de género”, dijo.
Por otra parte, con el voto en contra de la propia López Loza, el TEEG determinó declarar inexistente la denuncia que hizo la diputada Yulma Rocha por violencia política en razón de género contra de su coordinador Alejandro Arias y su coordinador administrativo al restringirle el acceso al cargo y no entregarle un recurso económico como represalia al votar en contra de una iniciativa.
“La parte denunciante no acompañó el elemento de prueba suficiente que demuestre algún acto que la violentara o actualizara la conducta aludida; si bien se demostró la solicitud de apoyo para una iniciativa y la suspensión de la cantidad monetaria que recibía, no se demostró que estos hechos tuvieran relación, es decir, que uno fuera consecuencia del otro”, señala el comunicado
López Loza dijo que no es suficiente que el denunciado Arias Avila niegue los hechos y las expresiones que se le imputan para considerar que es la legisladora Rocha Aguilar quien debe acreditar la conversación donde le profirió expresiones que pueden ser violencia política en razón de género. No obstante, perdió la votación frente a Yari Zapata y Alejandro Martínez Mejía.
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